Washington D.C. – La cámara de representantes de Estados Unidos, liderada por los republicanos, avanzó esta semana un paquete legislativo de alto impacto que incluye medidas para reforzar la política migratoria de la administración Trump, especialmente enfocada en aumentar la capacidad de deportación y detención de inmigrantes en situación irregular. Uno de los componentes más controvertidos del plan es la asignación de más de 80 mil millones de dólares destinados a operaciones migratorias, incluidos centros de detención, contratación de agentes y procesos de deportación.
La propuesta, analizada el miércoles 30 de abril por el Comité Judicial de la cámara baja, y actualmente en revisión por diversos comités legislativos, establece nuevas tarifas para los inmigrantes, incluyendo un cobro de mil dólares para quienes soliciten asilo, y otros pagos adicionales por permisos de trabajo o procesos de protección temporal. Estas medidas han sido duramente criticadas por legisladores demócratas, quienes consideran que el proyecto impone barreras económicas a personas en situaciones vulnerables y criminaliza la migración.
El proyecto forma parte de una estrategia más amplia cobijada bajo un proceso de reconciliación presupuestaria, lo que permitiría a los republicanos del senado aprobarlo sin necesidad del respaldo demócrata. Además de abordar la política migratoria, el paquete incluye propuestas para reducir el gasto en programas sociales y limitar recursos a agencias como la Comisión Federal de Comercio y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.
En materia de infraestructura, se proponen recortes a programas ambientales y se introducen nuevos impuestos a vehículos eléctricos e híbridos, argumentando la necesidad de fortalecer el Fondo Fiduciario para Carreteras. Las decisiones tomadas han generado divisiones entre los partidos, especialmente ante la inclusión de políticas que afectan directamente a consumidores, empleados federales y comunidades inmigrantes.
Mientras el proceso legislativo continúa, se prevé que las distintas secciones del proyecto sean consolidadas por el Comité de Presupuesto antes de una votación en el pleno. Aunque los republicanos afirman que la medida busca restaurar el equilibrio fiscal, los demócratas denuncian que se trata de un paquete regresivo que beneficia a los sectores más privilegiados a costa de los derechos laborales, sociales y humanos.
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