Olympia, WA – La compañía King Fuji Ranch, con sede en Richland y dedicada al cultivo de manzanas y uvas, ha llegado a un acuerdo con la Oficina del fiscal general del estado de Washington tras una investigación que reveló irregularidades en sus procesos de contratación de mano de obra agrícola. Como parte del arreglo, la empresa pagará $180,000 y se compromete a implementar cambios estructurales para asegurar condiciones más equitativas para los trabajadores locales.
La investigación, liderada por el fiscal general Nick Brown, se centró en prácticas que habrían marginado a empleados agrícolas del estado en favor de trabajadores extranjeros con visa H-2A. El acuerdo fue presentado el 22 de abril en el Tribunal Superior del Condado de Benton y, una vez aprobado por un juez, tendrá el carácter de orden judicial. La empresa es operada por Michael Taggares, también dueño de Tagaris Wines.
De acuerdo con el comunicado de la oficina de Brown, entre las nuevas obligaciones de King Fuji se encuentran la implementación de una política antidiscriminatoria revisada por la Fiscalía General, la capacitación obligatoria en derechos laborales para su personal durante cinco años, y la adopción de medidas para evitar que los trabajadores locales sean desplazados injustamente. Además, el caso reveló que durante varios años se utilizaron criterios distintos para seleccionar personal extranjero, lo que generó condiciones de contratación desiguales.
La investigación reveló que mientras a los trabajadores locales se les exigía experiencia específica en labores agrícolas, los requisitos comunicados al reclutador H-2A en México eran distintos y, en algunos casos, discriminatorios, como la preferencia por hombres casados menores de 35 años. Estas prácticas, según la Fiscalía, vulneran las leyes estatales que prohíben la discriminación por sexo y origen nacional, así como la Ley de Protección al Consumidor.
El programa de visas H-2A permite la contratación de trabajadores extranjeros solo cuando los empleadores demuestran que no hay suficiente mano de obra local. Sin embargo, el uso indebido de este mecanismo para excluir a empleados estadounidenses puede tener consecuencias legales. El equipo legal del estado de Washington reiteró su compromiso de proteger a los trabajadores agrícolas y garantizar condiciones justas para todos los que laboran en el sector.
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