
Washington D.C. – El caso de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño residente de Maryland quien fue deportado por error, ha desatado una ola de reacciones en el congreso de Estados Unidos. Varios legisladores demócratas, encabezados por el senador Chris Van Hollen, quien representa a Maryland, están considerando viajar a El Salvador tras conocerse que Ábrego García fue expulsado del país pese a tener protección legal contra su repatriación.
Van Hollen envió una misiva oficial a la embajada de El Salvador en Washington solicitando una audiencia con el presidente Nayib Bukele. La iniciativa se intensificó luego de que el mandatario salvadoreño manifestara públicamente que no tiene la menor intención de devolver a Ábrego García a Estados Unidos. El senador declaró en sus redes sociales el lunes 14 de abril, que si no hay una solución pronta, se desplazará personalmente a verificar su estado y abogar por su liberación.
I've been clear: if President Bukele doesn't want to meet here in D.C., then I intend to go to El Salvador this week to check on Kilmar Abrego Garcia's condition and discuss his release.
— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) April 15, 2025
Kilmar was illegally ABDUCTED and deported by the Trump Admin. He must be brought home NOW. pic.twitter.com/Hunr6F31J3
Otros representantes, como Maxwell Frost, demócrata por la Florida y Yassamin Ansari, demócrata por Arizona, han manifestado públicamente su apoyo a la causa y su disposición de acompañar a Van Hollen en una visita diplomática. Esta presión legislativa toma fuerza tras una orden reciente de la Corte Suprema de la nación que exige al gobierno facilitar el regreso del ciudadano, quien enfrenta un riesgo documentado si permanece en territorio salvadoreño.
Desde el Ejecutivo salvadoreño, la postura ha sido tajante. Durante una reunión en la Casa Blanca, Bukele expresó que no planea entregar a Ábrego García, y minimizó la solicitud de las cortes estadounidenses. Mientras tanto, sectores del Congreso critican la falta de acción por parte del gobierno federal en el seguimiento del caso y denuncian que se trata de una detención que podría considerarse arbitraria e ilegal.
Van Hollen ha reiterado que el caso no debe quedar en silencio. Aunque aún no ha recibido respuesta a su solicitud de reunión con el presidente salvadoreño, asegura que, de no avanzar el diálogo, se presentará en el país centroamericano para continuar las gestiones personalmente. El objetivo: poner fin a lo que califican como una injusta privación de libertad sin el debido proceso judicial de un individuo.