Olympia, WA – El Senado del estado de Washington dio un paso más hacia el fortalecimiento del control sobre la compra de armas de fuego al aprobar un proyecto de ley que establecería nuevos requisitos para adquirirlas. Entre las medidas propuestas se encuentra la obligación de obtener un permiso y completar una capacitación con ejercicios de práctica de tiro. El Proyecto de Ley 1163 deberá ahora regresar a la Cámara de Representantes estatal para una última votación antes de ser enviado al escritorio del gobernador Bob Ferguson, quien podrá firmarlo o vetarlo.
De acuerdo con el texto actualizado del proyecto, cualquier persona que desee adquirir un arma deberá presentar un certificado de finalización de un curso aprobado de seguridad en el manejo de armas. Además, los solicitantes de licencias para portar armas de manera oculta (Concealed Pistol License) también tendrán que completar un entrenamiento específico, que incluye la demostración de habilidades de tiro con al menos 50 disparos.
El proceso para obtener el permiso también contempla otros elementos administrativos: huellas dactilares tomadas por la policía local, una solicitud completa con información personal y una tarifa establecida. El permiso tendría una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación por el mismo período. Asimismo, se contempla la creación de registros obligatorios para todas las transferencias de armas de fuego y la posibilidad de retrasar la entrega de un arma si surgen observaciones durante el proceso de verificación.
El proyecto de ley ha generado reacciones divididas. Algunos sectores conservadores lo han calificado como una amenaza a los derechos garantizados por la Constitución, argumentando que no se debe exigir permiso para ejercer un derecho fundamental. Por el contrario, los defensores de la iniciativa aseguran que estas medidas son necesarias para evitar que las armas lleguen a manos indebidas y fomentar prácticas seguras de uso y almacenamiento.
De ser aprobado en su totalidad, este marco normativo representaría uno de los cambios más significativos en la regulación de armas en el estado en los últimos años. La propuesta se suma a una serie de reformas a nivel nacional que buscan equilibrar el derecho a portar armas con la seguridad pública, mediante el fortalecimiento de los procesos de adquisición y formación de los usuarios.
