Olympia, WA – El gobernador Bob Ferguson anunció que el estado de Washington apelará la reciente decisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que rechazó la solicitud estatal de asistencia por desastre tras las severas tormentas de noviembre del año pasado. La petición, que buscaba apoyo federal para enfrentar daños estimados en más de 34 millones de dólares, fue denegada sin que se ofreciera una explicación oficial.
Los eventos climáticos registrados incluyeron una serie de tormentas ciclónicas que azotaron amplias zonas del estado, dejando dos víctimas fatales y provocando daños estructurales y económicos en diversos condados. Inicialmente, la emergencia fue declarada en nueve jurisdicciones, pero ante la magnitud de los daños, se sumaron dos condados adicionales: Chelan y Jefferson. La solicitud formal a FEMA se presentó en enero, tras recopilar datos preliminares sobre afectaciones a infraestructuras clave como carreteras, sistemas eléctricos y servicios públicos.
El gobernador Ferguson subrayó en su comunicado que el estado cumplió con los requisitos estipulados por FEMA para acceder a los fondos. “Esta negativa solo prolonga la espera de las comunidades afectadas que buscan reconstruir tras los daños”, afirmó. También denunció lo que considera un patrón preocupante de retención de fondos por parte de la administración Trump, lo que motivará una apelación dentro del plazo establecido de 30 días.
Los programas de asistencia pública de FEMA suelen cubrir hasta el 75 % de los gastos elegibles en desastres naturales oficialmente declarados. En este caso, Washington espera que la revisión de los datos por parte de los condados involucrados eleve aún más la cifra original de daños, fortaleciendo la apelación que prepara el estado para obtener el respaldo financiero necesario.
Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan enfrentando los desafíos de la recuperación. Autoridades estatales trabajan en colaboración con los gobiernos locales para reunir documentación adicional que respalde la magnitud del impacto y refuerce el reclamo ante la agencia federal. La esperanza, según fuentes del gobierno estatal, es lograr una reconsideración que permita canalizar los recursos necesarios para restablecer los servicios y reconstruir las zonas más afectadas.
