Olympia, WA – El fiscal general de Washington, Nick Brown, se ha unido a una alianza nacional de 21 colegas estatales en una acción judicial destinada a respaldar a firmas de abogados que aseguran haber sido blanco de represalias políticas. A través de dos escritos presentados ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia, la coalición busca invalidar órdenes ejecutivas emitidas por la administración Trump, las cuales, según alegan, fueron diseñadas para sancionar a ciertas firmas por su participación en litigios incómodos para el presidente y su gobierno.
De acuerdo con un comunicado emitido el lunes 14 de abril por la oficina de Brown, las órdenes ejecutivas habrían restringido el acceso de empleados de estas firmas a instalaciones federales, revocado sus credenciales de seguridad y limitado sus relaciones contractuales con agencias gubernamentales. Además, se habría exigido a contratistas del gobierno que divulgaran vínculos con estas firmas, con el propósito de potencialmente anular dichos contratos. Estas medidas, según la denuncia, vulneran principios fundamentales de un sistema legal independiente y equitativo.
Los fiscales argumentan que permitir este tipo de represalias sentaría un precedente peligroso. Abogados que representen causas impopulares o controversiales podrían ser disuadidos de hacerlo, temiendo consecuencias directas sobre su ejercicio profesional. Esto no solo comprometería el acceso a la justicia, sino que afectaría especialmente a comunidades vulnerables que dependen de servicios legales pro bono.
Los casos en curso han obtenido decisiones preliminares favorables, incluyendo suspensiones temporales de las órdenes ejecutivas, pero las firmas demandantes ahora buscan que esas medidas se vuelvan permanentes. En su intervención, la coalición de fiscales destaca la necesidad de salvaguardar un sistema judicial donde los abogados puedan actuar con libertad, sin amenazas ni presiones externas por parte de quienes ostentan el poder.
Esta acción legal colectiva ha sido liderada por las fiscalías de Washington, Nueva Jersey, Illinois y Massachusetts, y cuenta con el apoyo de otras jurisdicciones como California, Nueva York, Oregón, Hawái y el Distrito de Columbia. Su postura es clara: la democracia requiere que los profesionales del derecho puedan desempeñar su labor con independencia, incluso cuando sus clientes o causas resulten políticamente incómodos para el gobierno de turno.
