Washington D.C. – El lunes 14 de abril, durante una reunión en la Oficina Oval, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró que su país no devolvería a Kilmar Ábrego García, un hombre deportado por error desde Estados Unidos, según documentos oficiales del Departamento de Justicia. Acompañado del presidente Donald Trump, Bukele calificó de absurda la posibilidad de facilitar el retorno del individuo, mientras el Trump criticaba la cobertura mediática del caso.
«¿Cómo puedo devolverlo a Estados Unidos? ¿Lo meto de contrabando? Claro que no. Es una pregunta absurda», dijo Bukele al ser cuestionado si devolvería a Kilmar Ábrego García. «No nos gusta mucho liberar a terroristas», añadió.
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— The White House (@WhiteHouse) April 14, 2025
El Departamento de Justicia admitió que Ábrego García fue deportado pese a que una orden judicial de 2019 prohibía que fuese enviado a El Salvador. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó que la deportación fue ilegal y solicitó al gobierno que facilite su regreso. No obstante, funcionarios de la administración Trump sostienen que corresponde a El Salvador decidir si permitirá el retorno del individuo a territorio estadounidense.
Durante el encuentro con Bukele, altos funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio y la fiscal general Pam Bondi insistieron en que la política exterior es competencia del presidente, no de los tribunales, y enfatizaron que cualquier esfuerzo de retorno depende del gobierno salvadoreño. Por su parte, Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, declaró públicamente que la deportación fue correcta, contradiciendo la postura del Departamento de Justicia expresada ante la Corte Suprema.
El caso de Ábrego García ha generado controversia debido a que nunca ha sido acusado penalmente en Estados Unidos ni en El Salvador. Aunque en 2019 un juez de inmigración lo vinculó a la pandilla MS-13, esta acusación ha sido cuestionada por la jueza federal Paula Xinis, quien citó pruebas no corroboradas, como una sudadera y la declaración de un informante, como base de dichas acusaciones. La jueza destacó que García no tenía antecedentes y que nunca residió en el área en la que se le atribuía afiliación a la pandilla.
Pese a las afirmaciones públicas de algunos funcionarios, el gobierno ha reconocido oficialmente que la deportación fue producto de un «error administrativo». La Corte Suprema ratificó esta conclusión, ordenando que se permita el retorno de García si El Salvador lo autoriza. Mientras tanto, el caso sigue abierto en tribunales federales.
