Olympia, WA – El estado de Washington activó recientemente un plan piloto que implementa cámaras para monitorear la velocidad de los vehículos en dos tramos específicos de la I-90 y la I-5. En el proyecto, respaldado con un millón de dólares en fondos estatales, colaboran el Departamento de Transporte, la Comisión de Seguridad Vial y la Patrulla Estatal. Su objetivo es combatir el exceso de velocidad, uno de los principales factores en accidentes graves y fatales, sin recurrir inicialmente a sanciones económicas.
Las cámaras fueron instaladas en dos puntos estratégicos: la autopista 5, en dirección sur en el condado Skagit, y la Interestatal 90 en dirección Este, cerca de Liberty Lake en el condado Spokane. Estas ubicaciones se determinaron tras analizar datos sobre siniestros viales, seleccionando zonas con alta incidencia de accidentes relacionados a exceso de velocidad y con condiciones adecuadas para un monitoreo preciso.
WSDOT indica en su comunicado que a diferencia de otros programas, esta iniciativa busca generar conciencia mediante notificaciones de cortesía enviadas por correo a los propietarios de los vehículos detectados a exceso de velocidad. Las cartas incluyen la velocidad registrada, un cálculo del posible costo de la infracción y un mensaje orientado a promover una conducción más segura. No se imponen multas ni se afecta el historial del conductor.
Las mediciones se realizan mediante el sistema de «velocidad promedio», que registra el tiempo de tránsito entre dos cámaras colocadas estratégicamente. Este método permite calcular con mayor exactitud si un vehículo superó los límites permitidos. Las cámaras, instaladas en estructuras elevadas, permanecerán en los puntos designados hasta finales de junio, cuando se completará el período de prueba.
Una vez concluido el programa, las agencias participantes evaluarán los datos recopilados y los comentarios del público para presentar un informe a la Legislatura estatal. Además, este plan se distingue de otra iniciativa separada que utilizará cámaras móviles para fiscalizar la velocidad en zonas de construcción, donde sí se prevén sanciones económicas en caso de reincidencia.
