Washington D.C. – Un juez federal dictaminó el lunes 24 de marzo, que los migrantes venezolanos deportados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros debían haber tenido audiencias judiciales antes de su expulsión. El fallo, emitido por el juez de distrito James Boasberg, rechaza la solicitud de la administración Trump de disolver la orden que bloquea las deportaciones y señala que la medida utilizada por el presidente no exime al gobierno de garantizar el debido proceso a los afectados.
La administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una autoridad utilizada en tiempos de guerra, para justificar la deportación de los venezolanos, alegando que la pandilla Tren de Aragua representa un «estado criminal híbrido» que amenaza la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, el juez Boasberg determinó que los deportados tienen derecho a impugnar su designación como miembros de pandillas antes de ser expulsados del país. También señaló que los afectados enfrentan un alto riesgo de violencia en una prisión salvadoreña.
El fallo se produce en un contexto de disputas legales sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones de migrantes. Mientras la administración Trump argumenta que el poder judicial no tiene derecho a revisar esta decisión, los abogados de los deportados sostienen que la ley no debería aplicarse a una pandilla, sino al gobierno de otro país, y es especialmente relevante por que Estados Unidos ni siquiera está en guerra. Además, un funcionario de inmigración reconoció en una declaración jurada que «muchos» de los deportados no tenían antecedentes criminales en Estados Unidos.
Actualmente, el caso se encuentra en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., que evaluará la legalidad de la medida tomada por la administración Trump. Si la corte revoca la orden de Boasberg, la administración podría continuar deportando a presuntos pandilleros con poco o ningún debido proceso. La composición del panel judicial, que incluye a dos jueces nominados por presidentes republicanos, podría influir en la decisión final.
Ante el bloqueo temporal de las deportaciones, la administración Trump ha expresado su intención de recurrir a otras leyes para continuar con la expulsión de migrantes. Mientras tanto, Venezuela ha anunciado un acuerdo para reanudar los vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos. Funcionarios estadounidenses han reiterado que las deportaciones seguirán enfocándose en individuos considerados como una amenaza para la seguridad nacional.
