Olympia, WA – El estado de Washington presento una demanda el lunes 10 de marzo, contra el condado Adams y su oficina del sheriff por supuestamente colaborar con autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración, en violación a la Ley Keep Washington Working. La demanda fue presentada por el fiscal general, Nick Brown, quien acusó al condado de permitir que agentes federales interrogaran a personas sobre su estatus migratorio y de compartir información personal con funcionarios de inmigración.
De acuerdo con el comunicado de la oficina del fiscal Brown, la Ley Keep Washington Working, aprobada en 2019, restringe la capacidad de las fuerzas del orden locales para colaborar con las autoridades federales de inmigración. Brown señaló que el condado Adams estaba en conversaciones para resolver el conflicto, pero que, tras la toma de posesión de Donald Trump, el condado endureció su postura y comenzó a trabajar con la organización legal conservadora America First Legal, fundada por Stephen Miller, asesor de Trump conocido por sus políticas antiinmigrantes.
De acuerdo con un artículo de la publicación National Review, la defensa del condado Adams argumenta que la ley federal prevalece sobre la ley estatal y que la Ley Keep Washington Working entra en conflicto con las obligaciones del condado de apoyar las operaciones federales de inmigración. Joe Ard, abogado del condado, afirmó en una carta dirigida a Brown que la medida estatal funciona como una «ley santuario» ilegal. Ard mencionó que el condado colaboró con las autoridades federales para expulsar a un delincuente sexual convicto y que están preparados para defenderse legalmente con el apoyo de America First Legal y Cooper & Kirk PLLC.
Washington sostiene que la Ley Keep Washington Working es fundamental para proteger los derechos civiles de los inmigrantes indocumentados y para mantener la estabilidad de la fuerza laboral en el sector agrícola. Según el Migration Policy Institute, los inmigrantes irregulares representan casi la mitad de los trabajadores agrícolas en el estado de Washington. La demanda también argumenta que la participación de las fuerzas del orden locales en las operaciones federales de inmigración podría aumentar los costos para las jurisdicciones locales y socavar la confianza en las comunidades.
El condado Adams, con una población de aproximadamente 21,000 habitantes, es mayoritariamente latino, según el censo de 2020. El condado ha sido un bastión republicano durante casi 90 años. El resultado de esta demanda podría estar influenciado por casos similares en Nueva York e Illinois, donde la administración Trump ha presentado demandas para desafiar las leyes de ciudades santuario.
