Washington D.C. – En medio de una creciente tensión migratoria, organizaciones comunitarias han desarrollado redes de alerta para advertir a inmigrantes sobre operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Estos avisos han generado dudas sobre la manera en que los activistas acceden a información anticipada sobre las redadas, lo que ha llevado a una investigación interna dentro de las agencias de seguridad.
De acuerdo con Univision, las autoridades han confirmado que dos agentes gubernamentales están siendo procesados por presuntamente filtrar datos sobre los operativos migratorios. En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha implementado pruebas con detectores de mentiras para identificar posibles filtraciones dentro de su plantilla. Aunque no se ha revelado el número exacto de empleados sometidos a esta medida, el DHS ha dejado claro que busca reforzar la seguridad de su información.
Desde inicios de año, la administración de Donald Trump ha intensificado los operativos contra la inmigración irregular, alineándose con su promesa de campaña de fortalecer las deportaciones. En un reciente mensaje, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que los empleados que divulguen información confidencial enfrentarán penas de hasta 10 años de prisión y serán llevados ante la justicia.
We have identified criminal leakers within @DHSGov and are preparing to refer these perpetrators to the @DOJ for felony prosecutions.
— Kristi Noem (@KristiNoem) March 7, 2025
These individuals face up to 10 years in federal prison.
We will find and root out all leakers. They will face prison time & we will get justice… pic.twitter.com/KEtpJDtUNs
Por otro lado, los grupos de activistas sostienen que sus alertas no provienen de filtraciones gubernamentales, sino de una estrategia de vigilancia ciudadana. Según explican, realizan recorridos en comunidades vulnerables para detectar movimientos de ICE y, una vez confirmada su presencia, utilizan redes sociales y contactos comunitarios para advertir a los migrantes sobre posibles redadas.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades no se ha hecho esperar. En algunos operativos recientes, la policía ha restringido el acceso de activistas, cerrando calles y limitando su capacidad de observación. A pesar de estos desafíos, las organizaciones continúan operando amparadas en normativas locales que limitan la colaboración con ICE, asegurando que seguirán trabajando para proteger a las comunidades en riesgo.
