El estado de Washington sigue sin poder ingresar al Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma, pese a un fallo judicial que abrió la puerta a una supervisión de salubridad más estricta. La disputa mantiene bajo atención pública a una instalación operada por GEO Group, empresa privada que administra el centro para el gobierno federal.
Inspectores del Departamento de Salud de Washington intentaron entrar nuevamente el 20 de marzo, pero, según autoridades estatales, se les negó el acceso. Con ese episodio, ya suman nueve intentos fallidos de inspección desde 2023.
Inspección del centro de detención en Tacoma sigue bloqueada
El conflicto gira en torno a quién tiene la autoridad para permitir el acceso a la instalación. De acuerdo con el estado, en el intento más reciente la empresa operadora indicó a los inspectores que debían pedir autorización a la oficina de ICE en Seattle antes de ingresar al recinto.
De acuerdo al reportaje del Washington State Standard, el Departamento de Salud presentó esa solicitud formal, pero hasta el martes por la tarde no había recibido respuesta.
El gobernador Bob Ferguson criticó públicamente la negativa y afirmó que el estado insistirá hasta que sus equipos puedan revisar el lugar.
“GEO Group está obstaculizando nuestros esfuerzos para inspeccionar el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste”, dijo Ferguson en un comunicado.
Mientras tanto, un portavoz de la empresa remitió las preguntas a ICE, que no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.
Centro de detención de inmigrantes está bajo escrutinio
La instalación, ubicada en Tacoma y con capacidad para 1,575 personas, ha sido durante años objeto de denuncias y controversias. Entre las preocupaciones más repetidas aparecen señalamientos sobre atención médica, condiciones de vida, calidad del agua, alimentos y presunto trato negligente. El centro figura además en la información pública oficial de ICE sobre el Northwest ICE Processing Center.
Según el estado, el Departamento de Salud ha recibido más de 3,500 quejas relacionadas con la cárcel, donde permanecen personas detenidas mientras enfrentan procesos migratorios o esperan una posible deportación o liberación.
Además, organizaciones y funcionarios han advertido que un posible aumento en la población detenida podría intensificar los problemas ya denunciados, especialmente si persisten las dudas sobre hacinamiento, acceso médico y salubridad.
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Qué cambió con la ley de Washington y el fallo judicial
La pelea legal se remonta a una ley estatal aprobada en 2023, diseñada para imponer mayor supervisión a los centros de detención privados en Washington. Esa legislación buscó establecer estándares mínimos de salud, seguridad e higiene en este tipo de instalaciones.
Entre otras disposiciones, la norma exigía condiciones más adecuadas, como mejor acceso a alimentos frescos, servicios básicos y revisiones de bienestar. El marco legal aparece explicado por el propio estado en la página del Departamento de Salud de Washington sobre centros de detención privados.
Aunque una corte inferior había bloqueado la aplicación de partes de esa ley, un panel del Noveno Circuito emitió el año pasado una decisión que favoreció al estado. Eso reactivó la expectativa de que finalmente se realizaran las inspecciones.
Sin embargo, el acceso todavía no se ha concretado.
GEO Group mantiene abierta su batalla en tribunales
La empresa con sede en Florida continúa litigando contra el estado de Washington. En febrero, solicitó que el tribunal de apelaciones revisara nuevamente el caso y pausara la ejecución de la orden mientras preparaba una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Ambas solicitudes fueron rechazadas.
Ahora, la compañía tiene hasta mediados de mayo para intentar llevar el caso al máximo tribunal del país.
No es el único frente judicial abierto. GEO Group también sigue apelando un fallo millonario relacionado con el pago que hizo durante años a personas detenidas que realizaban labores como limpieza y lavandería dentro del centro. En enero de 2025, la oficina del fiscal general del estado informó que el Noveno Circuito confirmó el fallo contra la empresa en ese caso laboral, vinculado al programa de trabajo pagado con $1 por día dentro de la instalación. Ese caso fue resumido por la Oficina del Fiscal General de Washington.
Legisladores intentaron aumentar la presión sobre la empresa
Este año, legisladores demócratas en Olympia también evaluaron varias propuestas para exigir mayor rendición de cuentas a la empresa operadora.
Entre las ideas discutidas figuraban sanciones económicas por impedir el acceso de inspectores sanitarios, recargos fiscales y medidas para obligar a una mayor transparencia sobre las condiciones dentro del recinto.
Sin embargo, ninguna de esas iniciativas avanzó hasta convertirse en ley.
Por ahora, el resultado es el mismo: el estado sostiene que tiene base legal para entrar, pero los inspectores de salud siguen fuera del centro.
¿Por qué Washington quiere inspeccionar el centro de detención de Tacoma?
El estado busca verificar si la instalación cumple con estándares mínimos de salud, higiene y seguridad para las personas detenidas.
¿Quién opera el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste?
El centro es administrado por GEO Group, una empresa privada que opera la instalación bajo contrato con el gobierno federal.
¿Qué denuncias se han reportado sobre el centro?
Las principales preocupaciones incluyen presuntos problemas de atención médica, condiciones de vida, alimentación, agua y trato a las personas detenidas.
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