Trump ha detenido a padres de más de 11.000 niños ciudadanos estadounidenses

por Jeff Ernsthausen, Mario Ariza, McKenzie Funk, Mica Rosenberg y Gabriel Sandoval

Esta historia fue publicada originalmente por ProPublica.

La bebé necesitaba un lugar donde quedarse. Así que, en las frenéticas horas antes de que los agentes se llevaran a sus padres a detención migratoria, su mamá recurrió al pastor y a su esposa. Mientras las patrullas esperaban afuera de la casa móvil de la familia en Lakeland, Florida, ella les dio un curso exprés de cómo cuidar a la pequeña de 4 meses.

Briany, con sus cachetes regordetes y su abundante cabello oscuro, usualmente no era tan inquieta. Pero esa noche de enero ya era tarde, casi de madrugada, y todavía tenía hambre. Su mamá, Doris Flores, había intentado amamantarla para calmarla. No funcionó. Cuando acercó a Briany a su pecho, la leche no bajó. Flores pensó que tenía que ver con el pánico que se apoderó de ella cuando los agentes arrestaron al padre de la bebé y le dijeron que ella sería la siguiente.

La bebé también tomaba leche de fórmula. El pastor y su esposa, que nunca habían tenido hijos, debían llevarse los biberones y las latas amarillas de fórmula, y seguir las instrucciones descritas en el empaque. Debían usar agua destilada, nunca de la llave. Briany tomaba 5 onzas cada vez que comía. Necesitaba comer cada dos horas o dos horas y media.

Ya casi le tocaba su siguiente ronda de vacunas. Ya le quedaban bien los pañales talla 3. Lo que más feliz la hacía era que la cargaran en brazos.

El reverendo Israel Vázquez, de 58 años, es un hombre de voz tranquila y cabello muy corto. Ya había cargado a Briany, cuando la presentó ante Dios en una ceremonia en su iglesia pentecostal en Lakeland. Si él y su esposa, que también es pastora de la iglesia, no recibían a las niñas en su hogar, ellas tendrían que ir a parar a un hogar de acogida. “No nos toca otra, ¿verdad?”, dijo el pastor.

La media hermana de la bebé sería más fácil de cuidar para la pareja mayor. Briana, de 8 años, era tranquila y modesta. Prefería hablar en inglés que en español. Su color favorito era el azul.

Agentes de la Oficina del sheriff del condado de Polk ayudaron a cargar un cochecito y un columpio de bebé al automóvil de la pareja. Luego, los oficiales, empleados por una de las cientos de agencias locales de Florida que ejecutan las leyes migratorias para la administración Trump, esposaron a Flores mientras sollozaba.

Incidentes como este, que involucran el arresto y la detención de padres inmigrantes con hijos ciudadanos estadounidenses, se han duplicado desde que el presidente Donald Trump regresó al poder, según un análisis de un nuevo conjunto de datos nacionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) compartido en exclusiva con ProPublica. En los primeros siete meses de su segundo mandato, las autoridades arrestaron y detuvieron a padres de al menos 11,000 niños ciudadanos estadounidenses, un número que, de haber mantenido ese ritmo hasta ahora, prácticamente se habría duplicado. Eso equivale un promedio de más de 50 niños ciudadanos estadounidenses al día con un padre llevado a detención.

Los datos que sustentan este análisis fueron obtenidos por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington como parte de una demanda en curso sobre registros públicos. Abarcan los últimos tres años de la administración de Joe Biden y la de Trump hasta mediados de agosto de 2025.

Bajo el mandato de Trump, se disparó la detención de padres y madres inmigrantes con hijos nacidos en Estados Unidos

El número de madres y padres detenidos por ICE se duplicó en los primeros siete meses del segundo mandato de Trump, en comparación con la administración Biden.

Las diferencias entre el destino de los padres inmigrantes detenidos bajo los dos presidentes son muy marcadas, según muestra nuestro análisis. El impacto en las madres es particularmente notable. Trump está deportando cada día a casi cuatro veces más madres de niños ciudadanos estadounidenses, en comparación con Biden.

Que las autoridades de inmigración estén deteniendo a más de estas madres, no explica por sí solo el aumento de las deportaciones. Cuando son detenidas, rara vez se les permite regresar a casa con sus familias. Bajo el mandato de Biden, alrededor del 30% de esas detenciones dieron lugar a una deportación. Con Trump, la cifra es de casi el 60%.

En comparación con la administración Biden, los funcionarios de Trump están deteniendo a muchos más padres que solo tienen delitos menores o no tienen historial criminal. Bajo Trump, más de la mitad de los papás y alrededor de tres cuartas partes de las mamás, no tenían condenas penales en Estados Unidos, salvo por infracciones de tránsito o migratorias.

Las madres inmigrantes de niños con ciudadanía estadounidense están siendo liberadas con menos frecuencia durante el gobierno de Trump

ProPublica comparó qué pasó con las madres de niños ciudadanos estadounidenses que fueron arrestadas durante un periodo de siete meses en dos años distintos: entre el 20 de enero y el 20 de agosto de 2024 (bajo Biden), y de 2025 (bajo Trump), con base un análisis de 1,000 casos. Con Biden, alrededor de un tercio de los arrestos terminaron en deportación; con Trump, esa tasa se duplicó.

Funcionarios actuales y antiguos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmaron que estas separaciones no constituyen necesariamente una violación de la política. En lugar de eso, han cambiado las directrices sobre cómo sus agentes deben ejercer la discreción. Entre los cambios, un documento conocido como la Directiva de Intereses Parentales recibió un nuevo nombre bajo el mandato de Trump: la Directiva de Padres Detenidos. Y su preámbulo, que antes instruía a los agentes a aplicar las leyes de manera “humana”, ha sido despojado de esa palabra.

John Sandweg, quien supervisó al ICE cuando se adoptó la directiva original bajo el mandato de Barack Obama, dijo: “En aquel entonces, operábamos bajo la premisa de que la unidad familiar lo es todo”. Tom Homan, entonces alto funcionario del ICE y ahora zar fronterizo de Trump, introdujo la directiva a las oficinas locales de todo el país. Si los agentes se topaban con padres o madres, la directiva les ayudaría a hacer cumplir las leyes de inmigración sin “socavar innecesariamente sus derechos parentales”, según sus puntos de discusión de agosto de 2013, obtenidos por ProPublica.

Ahora, según Sandweg y otros exfuncionarios, la segunda administración de Trump ha priorizado metas más agresivas de aplicación de la ley, como arrestar a 3,000 inmigrantes al día, por encima de las preocupaciones sobre los daños que causa separar de manera apresurada a los niños de sus padres.

ProPublica envió preguntas detalladas sobre nuestros hallazgos al DHS, que supervisa a ICE. La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó en una declaración enviada por correo electrónico que la agencia “no puede verificar la veracidad de los datos” que ProPublica analizó. (Validamos los datos, que la agencia proporcionó a través de solicitudes de información de la Ley de Libertad de Información (FOIA), y nuestra metodología mediante entrevistas con expertos externos). Bis también afirmó en su respuesta que “ICE no separa a las familias”.

Los padres inmigrantes pueden optar por abandonar el país con sus hijos o designar a alguien para que cuide de ellos, señaló Bis, lo cual “es consistente con las políticas de administraciones anteriores”. La directiva revisada “simplemente estandariza los formularios requeridos”. Añadió que “bajo la presidencia de Trump, ICE no ignorará el estado de derecho”.

Un portavoz de la Casa Blanca escribió en un correo electrónico que aquellos que se encuentran en el país ilegalmente y “desean evitar el proceso de deportación, deben autodeportarse”.

La desintegración de la familia de Flores comenzó con la supuesta amenaza de otro niño contra Briana, una niña de 8 años.

Según un informe policial del 15 de enero, el chofer del autobús escolar de la niña había contactado a la Oficina del sheriff del condado de Polk después de que Briana dijera que un estudiante de su escuela primaria, un niño de cabello rubio y ojos azules, había amenazado con matarla.

La oficina del sheriff envió a una oficial de policía a la casa móvil de la familia. La agente se presentó ante Flores y su prometido, Egdulio Velasquez, y pidió hablar con Briana. La niña de 8 años era “tímida”, de acuerdo con el reporte policial. Al principio ella dijo que no tenía problemas con sus compañeros de clase. La familia afirmó que la agente interrogó a Briana a solas fuera de la casa. Finalmente, la niña admitió que su compañero de clase la había estado molestando, le daba golpecitos con los dedos en la espalda y en la cara, pero no dijo que el niño la hubiera amenazado de muerte, según el parte policial.

La agente se dirigió a la casa del compañero de clase, y el niño le dijo que era Briana quien había proferido las amenazas. Dijo que ella le había apuntado con un lápiz roto. La agente completó dos formularios de evaluación de amenazas, uno para el niño y otro para la niña, señalando que no había revisado la casa del niño en busca de armas de fuego porque su “padre no cooperó”, pero sí había revisado la casa móvil de Briana.

“No pude determinar una causa probable”, escribió la oficial en su informe. Tendría que archivar el caso. Pero su investigación había revelado algo más: tanto Flores como Velasquez eran inmigrantes hondureños.

Un segundo oficial del sheriff llegó poco después a la casa móvil y tomó sus pasaportes. Según los registros policiales, ese agente llamó a una línea directa de ICE, un requisito derivado de la estrecha cooperación de Florida con inmigración. Un operador le informó que ambos padres tenían órdenes de deportación: Velasquez por una condena por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) y Flores por una audiencia de asilo perdida.

Flores dijo que había perdido la audiencia debido a problemas con la computadora y que estaba tratando de apelar la resolución. Había cruzado la frontera hacia Estados Unidos y solicitado asilo en 2023, después de que un hombre en Honduras la amenazara de muerte. Bis, del DHS, confirmó que Flores ingresó al país en 2023 y que se le había emitido una orden de deportación en mayo de 2025.

Flores conoció en Estados Unidos a Velasquez, quien es del mismo departamento rural hondureño de Olancho. Briana, hija de Velasquez de una relación anterior, nació en Honduras. La familia construyó una vida en Lakeland, donde él trabajaba en una fábrica de tarimas para transporte, y se hicieron miembros de la iglesia de Vázquez.

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Apareció una tercera patrulla frente a la casa móvil. Los oficiales arrestaron primero a Velasquez. Lo mantuvieron esposado durante horas en la parte trasera de uno de los vehículos policiales. Pero antes de poder arrestar a Flores, tenían que decidir qué hacer con los niños.

“No sean así”, recordó Flores que les dijo a los agentes mientras sostenía a la bebé Briany. “Mi niña me necesita”. Flores cuenta que le respondieron que solo estaban haciendo su trabajo. Dijo que le rezó a Dios: “Señor, en tus manos pongo todo”.

De acuerdo con Flores y Velasquez, a uno de los agentes le gustó un gatito de la familia y se ofreció a llevárselo a casa. Velasquez dijo que más tarde vio al gatito aferrado a los pantalones del agente.

La Oficina del sheriff del condado de Polk no respondió a preguntas específicas sobre el incidente, en su lugar envió una declaración por correo electrónico en la que detalla su cooperación con las autoridades federales de inmigración, impuesta por el estado.

Eran casi las 11 p.m. cuando por fin llegó una investigadora de los servicios de protección infantil de Florida, dijo la familia. La mujer le informó a Flores que, si no encontraba a alguien que se hiciera cargo de los niños, el estado los colocaría en el sistema de acogida. Así que Flores llamó a su pastor.

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, comenzó recientemente a pedir una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes sin documentos que no hayan cometido delitos y tengan fuertes vínculos con la comunidad. Una portavoz de la oficina del sheriff escribió en la declaración a ProPublica que los agentes no toman ninguna decisión sobre a quién detener: ellos informan a ICE sobre los sospechosos, y es ICE quien toma la decisión.

Pero señaló que ahora hacen un esfuerzo por determinar el estatus de ciudadanía.

“No ha cambiado nada en la forma en que prestamos los servicios policiales cotidianos en nuestra comunidad”, escribió, “salvo que preguntamos a todas las personas con las que interactuamos cuál es su lugar de nacimiento”.

La política federal aún establece que los agentes de ICE pregunten a las personas arrestadas si son padres o guardianes legales de menores. Si lo son, deben darles la oportunidad de hacer arreglos para el cuidado de sus hijos. La revisión que hizo la administración Trump en julio de esta directiva, la misma que eliminó la palabra “humana” del preámbulo, también incorporó una nueva línea que especifica que la directiva “de ninguna manera limita la capacidad del personal de ICE para tomar decisiones operativas caso por caso”.

En la práctica, los casos en que se exime a los padres son cada vez más raros, dijo Andrew Lorenzen-Strait, un exfuncionario de ICE que supervisó la implementación de la directiva durante las administraciones de Obama y el primer mandato de Trump. “Puede ocurrir caso por caso porque un agente, por su propia humanidad, así lo decide”, señaló.

ProPublica siguió a varias familias durante sus separaciones y analizó el momento y sus secuelas. El resultado fue una gran variedad de desenlaces para los niños.

Fernanda, trabajadora de un restaurante en Florida, tomó una decisión desgarradora después de que arrestaran y deportaran al padre de sus hijos: mandar a su niño pequeño y a su hija de 4 años a Guatemala para que vivieran con él. Temía que solo fuera cuestión de tiempo antes de que los agentes de inmigración tocaran a su puerta, y no quería que los niños, ciudadanos estadounidenses, se quedaran desamparados.

Fernanda pidió ser identificada solo por su segundo nombre debido a su situación migratoria. El Guatemalan-Maya Center, una organización sin fines de lucro, la ayudó a llevar a los niños al aeropuerto de Fort Lauderdale a principios de febrero. Cuando los subió al avión, el niño iba vestido con un traje de Spider-Man y la niña con una sudadera de CoComelon y un gorro rosado.

Griselda, mamá soltera originaria de Honduras, tuvo que dejar a sus hijas pequeñas con su niñera durante cuatro meses. Contó que iba camino a un trabajo de pintura de casas en Melbourne, Florida, cuando los frenos del carro donde iba como pasajera fallaron y chocó contra una señal de alto. Llegaron policías y llamaron a ICE, dijo.

Griselda, una mujer sobreviviente de violencia doméstica que pidió ser identificada solo por su primer nombre, dijo que les informó a los agentes, y luego a ICE, que tenía hijas. Aun así, la trasladaron fuera del estado y la recluyeron sin ellas en Dilley, Texas. Estaba desesperada por reunirse con su hija de 4 años, nacida en México durante su travesía hacia la frontera sur, y con su bebé de un año, ciudadana estadounidense. Contó que decidió no apelar su caso luego de que un juez rechazara su solicitud de asilo. Entonces ICE mandó a un agente y a una trabajadora social a Florida a recoger a las niñas. Después, dijo, ella y sus hijas fueron escoltadas hasta la frontera para que cruzaran a pie hacia México, un país donde no conocían a nadie y no tenían un centavo.

Un portavoz del DHS confirmó que regresaron a toda la familia junta a México.

Mauricio Ayala, ingeniero de 24 años que trabaja en una empresa del centro de Seattle, llamó al 911 después de que agentes de inmigración arrestaran a su padre el pasado mes de abril. “Detuvieron a mi padre ilegalmente”, le dijo al operador con voz temblorosa, tropezando con las palabras. “Un montón de hombres enmascarados en vehículos sin identificación se acercaron y se lo llevaron”. (Un portavoz del DHS declaró que “nuestros agentes se identifican verbalmente” y usan insignias y chalecos con el nombre de la agencia).

Su padre, colocador de techos, había caído en una de las primeras redadas a gran escala que realizó la nueva administración Trump en centros de trabajo. A partir de ese momento, Ayala, su hermana universitaria y su hermano de último año de preparatoria tendrían que asumir nuevas responsabilidades familiares. Los tres, ciudadanos estadounidenses, se convirtieron en el sostén de sus padres. Su madre había sido obligada a abandonar el país tras un arresto migratorio hacía más de una década, contó Ayala, pero en aquel entonces los agentes no detuvieron a su padre porque había niños pequeños en el hogar. En 2015, su padre fue declarado culpable de conducción temeraria, pero no tenía otras condenas penales que pudiéramos encontrar en Estados Unidos. Ahora, sin embargo, con los hijos entrando a la edad adulta, le tocaba a él ser deportado también.

Para reducir gastos y enviarles dinero a sus padres en México, Ayala dejó su apartamento en Seattle y volvió al tráiler que tenía su padre en una ciudad más pequeña, a hora y media de distancia. Su hermana hizo lo mismo. El hermano menor consiguió empleos de medio tiempo.

María Magdalena Callejas, su novio y su hijo de 14 años fueron detenidos en Texas durante un viaje por carretera la primavera pasada. Ella llamó a una amiga en California a quien le había pedido que cuidara a sus dos hijos menores, ambos ciudadanos estadounidenses, hasta que volviera. Le suplicó que siguiera cuidándolos por más tiempo.

El novio de Callejas fue deportado. Ella y su hijo mayor, Edwin, quedaron en detención familiar, donde él dijo que se sentía estresado porque el centro parecía una cárcel. Contó que perdió 10 libras en una semana, después de enfermarse. Estaba tan abatido, según su madre, que ella sintió que su única opción era aceptar que los devolvieran a El Salvador, un país que Edwin había dejado a los 5 años. (ICE ha declarado que las condiciones en sus instalaciones son seguras para las familias y que todas reciben atención médica adecuada).

Callejas dijo que aceptó regresar a El Salvador únicamente porque entendió que sus hijos de 6 y 4 años podrían reunirse con ella y con su hermano mayor.

El padre de los niños había declarado previamente no contender a cargos por violencia doméstica y tenía una orden de restricción en su contra, lo que le permitía breves visitas bajo supervisión. (Los abogados de ambos padres dijeron que Callejas le permitía pasar tiempo con los niños a pesar de la orden). Cuando su papá se enteró de la deportación de la madre, se opuso a que los niños salieran del país y decidió pelear por la custodia. Desde entonces los niños han estado con una cuidadora, y un juez le ha otorgado al padre más tiempo con ellos, según los abogados de ambos padres. El resultado: una batalla legal de varios meses en una corte de Los Ángeles, con Callejas asistiendo a las audiencias por videollamada desde El Salvador.

De vuelta en Lakeland, Israel Vázquez dijo que no tuvo nada que ver con la alimentación de la bebé esa primera noche ni las noches siguientes. “¡Esa muchacha tomaba leche!”, dijo. Su esposa, la reverenda Raysa Vázquez, se despertaba cada pocas horas para atender a Briany, se sentaba con ella en el sillón reclinable color marrón de la sala, y la mecía hasta que volvía a dormirse.

No sabían cuánto tiempo estarían las niñas con ellos. Decidieron que Briana, de ocho años, siguiera en la misma escuela primaria para no alejarla de sus amigos ni de su maestra. Todos los días hacían el recorrido de ida y vuelta hacia la escuela, unos 45 minutos en total.

Mientras tanto, los padres de las niñas iban de cárcel a cárcel, de centro de detención en centro de detención. Estando detenida, contó Flores, comenzó a sufrir una inflamación dolorosa que, según creía, podría haber sido mastitis provocada por no poder amamantar a su bebé. El pecho le ardía al tacto y le subió la fiebre. Así estuvo una semana.

La pareja de pastores quería hacer todo lo posible para que las niñas se sintieran como en casa, pero también querían asegurarse de que pudieran reunirse con sus padres. Si Flores y Velasquez iban a ser deportados, los pastores querían que las niñas se fueran con ellos. Para eso, Briany necesitaría pasaporte. Habría que conseguir la firma de ambos padres mientras estaban detenidos.

Briany estaba sentada en el regazo de Raysa mientras veían televisión en la sala, balbuceando al compás de la conversación, cuando le sonó el teléfono a Israel. Era un agente de deportaciones de ICE. Le dijo que Flores sería expulsada del país pronto y que se estaba acabando el tiempo para conseguirles pasajes a sus hijas en el mismo vuelo. Se ofreció a ayudar a los Velasquez a conseguir las firmas y dijo que ICE llevaría a Flores a Tampa.

Al día siguiente fueron a una oficina gubernamental en Tampa para que Flores firmara. Allí se le permitió abrazar a las niñas. Al verlas, ella pegó un grito y se echó a llorar. En Mississippi, voluntarios se apresuraron al centro de detención donde estaba Velasquez y consiguieron su firma también.

Unos días después, la pareja llevó a Briany a Miami para recoger el pasaporte y luego llevó a las niñas al aeropuerto de Tampa.

Se encontraron con Flores en la terminal. Llevaba una sudadera y los ojos nublados porque era muy temprano. Israel le entregó la bolsa de pañales que había cargado todo ese tiempo y los biberones de la bebé. El prometido de Flores sería deportado unas semanas después hacia Honduras, en un vuelo distinto. Su hijo mayor, de una relación anterior, que tras el arresto de ella había tenido que irse a vivir con su padre, se quedaría en Estados Unidos. Por ahora solo estaban Flores y las dos niñas. Posaron para una foto y se despidieron.

La familia vive hoy en casa del padre de Velasquez, en el pueblo de San José, en una localidad rural de Honduras. La bebé ya no toma pecho. No lo ha hecho desde la noche en que los agentes la separaron de su madre. “La bebé me la pegué a la chiche y ya no la quiere”, dijo Flores.

La leche de fórmula que prefiere Briany es demasiado cara. Para alimentarla, nuevamente dependen de su iglesia. Hace poco llegó una caja enviada por los Vázquez y su congregación de Lakeland. Con eso tendrán suficiente para varias semanas.

Cómo medimos las separaciones de familias con hijos ciudadanos estadounidenses

Nuestro recuento es el más detallado hasta la fecha sobre los niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres inmigrantes han sido arrestados, detenidos y, en muchos casos, deportados. El análisis se realizó con una base de datos del Registro de Extranjero Deportable/Inadmisible I-213 de ICE, obtenida por la Universidad de Washington. Los agentes de inmigración completan el formulario I-213 cuando arrestan a alguien, alegando que se encuentra en el país sin permiso. Entre otros datos, el registro detalla la ciudadanía y el número de hijos menores de cada persona arrestada.

Los datos parecen contener solo los arrestos realizados por ICE y no incluyen los de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Abarcan desde finales de 2021 hasta mediados de agosto de 2025. Utilizamos estos datos para calcular el número de padres y madres de niños ciudadanos estadounidenses que son arrestados cada día.

Para saber qué ocurrió con los progenitores tras ser arrestados por ICE, incluyendo la detención, la liberación definitiva de la custodia del ICE en Estados Unidos o la deportación, combinamos los datos del formulario I-213 con los registros del Deportation Data Project, que abarca desde finales de 2023 hasta mediados de octubre de 2025. El conjunto de datos del formulario I-213 contiene aproximadamente un 17% menos de arrestos de ICE en cualquier mes que el conjunto de datos de arrestos del Deportation Data Project.

Pudimos combinar estas dos bases de datos utilizando campos que ambas tienen en común, entre ellos: fecha de arresto, género, edad, nacionalidad, ubicación y método de arresto. Logramos vincular aproximadamente el 85% de los arrestos de los datos del Formulario I-213 con un registro único en la base de arrestos y detenciones de ICE. (Un 7% adicional tenía múltiples coincidencias posibles, por lo que no las incluimos, y aproximadamente un 7% no tenía ninguna coincidencia posible. Los porcentajes fueron similares en las distintas administraciones presidenciales).

Utilizamos ese 85% de los registros coincidentes para calcular el número de niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres fueron arrestados y detenidos por ICE desde que Trump volvió a ocupar el cargo, y para establecer los antecedentes criminales de sus padres. También usamos estos registros combinados para comparar el trato diferenciado que las administraciones de Trump y Biden dieron a sus madres.

Para calcular que más de 11,000 niños ciudadanos estadounidenses tenían un progenitor arrestado y detenido por ICE, contabilizamos únicamente a los hijos de padres varones. Hicimos esto para evitar el doble conteo de niños en los casos en que ambos progenitores fueron detenidos: los padres varones representaban una gran mayoría entre los detenidos. Nos limitamos a los primeros siete meses del segundo mandato de Trump, el periodo cubierto por los datos del Formulario I-213. Si un papá fue arrestado y detenido más de una vez bajo el mandato de Trump, contabilizamos a sus hijos una sola vez. Todos los demás cálculos se realizaron a nivel de arresto, lo que significa que, en un número muy reducido de casos, el mismo progenitor podría en múltiples ocasiones, una por cada vez que fuera arrestado, detenido, liberado o deportado.

El gobierno no puede detener legalmente a los niños ciudadanos estadounidenses junto con sus padres y tampoco deportarlos. De acuerdo con expertos en inmigración, además de funcionarios actuales y anteriores, el arresto y la detención de padres y madres de ciudadanos estadounidenses a menudo provoca una separación familiar, aunque sea temporal.

Clasificamos a un progenitor como detenido por ICE si fue registrado en un centro de detención durante cualquier periodo de tiempo, según los registros de detención del Deportation Data Project. En muy pocos casos durante la administración Trump, los padres fueron liberados de la custodia de ICE en muy pocos días. Esto fue más frecuente bajo la administración Biden. Para calcular los antecedentes penales de los padres arrestados y detenidos por ICE, nos basamos en los cargos penales que figuran en estos registros de detención.

Para establecer que el gobierno de Trump ha deportado a madres de niños ciudadanos estadounidenses a una tasa cuatro veces mayor que con Biden, tomamos el total de madres expulsadas bajo cada administración en el periodo analizado y lo dividimos entre los días que cada presidente estuvo en el cargo en ese mismo rango temporal. Utilizamos datos de noviembre de 2023 a mediados de agosto de 2025 para minimizar el subconteo al inicio y al final de nuestra base de detenciones. Asimismo, comparamos intervalos equivalentes de siete meses en 2024 y 2025, con resultados similares. Para los fines de este análisis, contabilizamos como deportadas a un pequeño grupo de madres detenidas que aceptaron abandonar el país de manera voluntaria.

Validando nuestro enfoque

Verificamos las coincidencias entre las dos fuentes de datos de varias formas. Primero, había tres campos en los datos del Formulario I-213 que figuraba en otras partes de los registros del Deportation Data Project, pero que no se usaron en el proceso de vinculación: el estado civil, la resolución del proceso (resultado final del trámite administrativo en los caso de deportación) y fecha de ingreso al país. En los registros que vinculamos y que contenían valores en esos campos (algunos estaban vacíos en una o en ambas bases de datos), encontramos que esos puntos de datos coincidían en más del 98% de los casos.

Luego, verificamos que no hubiera diferencias sistemáticas en los arrestos de ICE que aparecían en el conjunto de datos del Formulario I-213, en comparación con los que tenía registrados el Deportation Data Project. Comprobamos que las mujeres y los hombres estuvieran representados por igual, que las diferentes oficinas locales de ICE estuvieran representadas por igual, que las nacionalidades estuvieran representadas por igual, etcétera. No encontramos ninguna diferencia apreciable entre los dos conjuntos de datos.

También comparamos los registros que sí coincidieron con los que no coincidieron entre los dos conjuntos de datos, y no encontramos ningún patrón que sugiriera que había diferencias sistemáticas entre ambos grupos.

ICE publica el número de padres de ciudadanos estadounidenses arrestados en su sitio web y en informes al Congreso. Comparamos nuestro análisis con estas cifras y encontramos que, para los años fiscales 2023 y 2024 (del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente), nuestros datos registraban aproximadamente un 15% menos de padres arrestados por ICE que las estadísticas oficiales. No sabemos exactamente a qué se debe esto, pero está en línea con la menor cantidad de los registros del Formulario I-213 que tenemos y los registros de arrestos del Deportation Data Project.

Phil Neff, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington; Joseph Gunther, matemático que investiga conjuntos de datos relacionados con inmigración, y exfuncionarios de ICE, revisaron nuestros hallazgos y nuestra metodología.

También pudimos vincular algunos de los datos con manifiestos de vuelos de ICE que fueron filtrados, lo que nos permitió, en algunos casos, encontrar los nombres completos de algunos de los padres deportados (censurados en la mayoría de los demás datos). En unos pocos de esos casos, encontramos sus números de teléfono o los de sus familiares, y nos pusimos en contacto con ellos para escuchar sus historias.

Realizamos entrevistas en español e inglés a cerca de dos docenas de padres detenidos o deportados, o a sus familiares o abogados. También hablamos con organizaciones sin fines de lucro como el American Friends Service Committee y Each Step Home, que ayudan a las familias de inmigrantes, incluida la de Flores, después de que fueron separadas.

Los padres a los que seguimos a lo largo del proceso de detención eran originarios de diversos países, en su mayoría latinoamericanos: Honduras, Guatemala, México y Ecuador. Ellos y sus hijos habían construido sus vidas en todos los rincones de Estados Unidos, incluyendo California, el estado de Washington, Nueva York, Massachusetts y Florida. La mayoría de los progenitores que entrevistamos eran madres.

Gráficos de Chris Alcantara. Al Shaw contribuyó con el reporteo de datos.

Traducción de Wendy Selene Pérez.