Crece el escrutinio sobre el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Washington
El fiscal general Nick Brown abordó recientemente las dudas sobre la supervisión de pagos y registros dentro del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF). Este es el organismo estatal encargado de proteger a niños y jóvenes, supervisar adopciones y cuidado temporal, y brindar apoyo a familias y comunidades.
El tema tomó fuerza después de que la Oficina del Auditor del Estado detectara cuatro años de documentos faltantes durante una revisión en curso. Ese hallazgo impulsó nuevas preguntas sobre la gestión de fondos públicos y la transparencia del sistema.
La auditoría surgió tras casos de fraude reportados en Minnesota y renovó la presión en el estado de Washington para aclarar cómo se manejan los datos de proveedores y qué controles existen para prevenir irregularidades.
Respuesta del fiscal general Nick Brown
Durante una conferencia el 20 de enero, el fiscal general Nick Brown explicó que su oficina recibió múltiples reportes de posible fraude vinculado al DCYF, aunque cuestionó la credibilidad de la mayoría. Aun así, aseguró que toda queja se revisa de forma seria y coordinada con las agencias estatales involucradas.
Brown señaló que es importante distinguir entre denuncias de conducta delictiva y preocupaciones administrativas sobre el gasto público. Desde su perspectiva, la discusión requiere claridad para evitar conclusiones apresuradas.
Disputa legal entre legisladores y agencias estatales
La controversia llegó también a los tribunales. El representante estatal Jim Walsh, quien preside el Partido Republicano de Washington, presentó una solicitud de orden judicial alegando que el DCYF habría eliminado datos de proveedores en plataformas estatales.
La acción legal incluye al estado como acusado. Brown indicó que su oficina debe responder cada vez que se demanda al estado, pero sostuvo que la presentación no identifica con precisión una violación legal. Calificó la demanda como un documento con fines políticos, más que como un argumento jurídico sólido.
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Auditoría estatal y revisión de proveedores
La auditora estatal Pat McCarthy informó que unas 500 personas participan en la revisión del sistema. Aunque no ha confirmado fraudes específicos, espera concluir el análisis en los próximos meses. Su oficina revisa movimientos de fondos, verificaciones internas y procesos de control para descartar irregularidades.
Datos del propio DCYF muestran que cerca de 2.000 proveedores fueron auditados en 2025, lo que produjo 14 derivaciones a la Oficina de Fraude y Responsabilidad. Ninguna derivación terminó en un procesamiento penal. En contraste, ese mismo año se procesaron 13 casos de fraude relacionados con familias, con tres condenas registradas.
Contexto estatal y procesos de supervisión
De acuerdo con KOMO News, la discusión refleja un debate más amplio sobre cómo asegurar controles efectivos en programas que manejan recursos públicos. La revisión actual busca determinar si el sistema cuenta con salvaguardas adecuadas para evitar errores, omisiones o posibles abusos.
El Procurador Nick Brown reiteró que la revisión legal seguirá su curso y que cualquier hallazgo relevante se atenderá con base en la ley. La conversación continuará evolucionando a medida que avancen las auditorías y se conozcan los resultados finales de la investigación estatal.
Falta de registros
La ausencia de documentos genera dudas sobre el monitoreo de pagos y la capacidad de rastrear movimientos financieros dentro del sistema. La auditoría examina cómo se produjo esta brecha y qué medidas podrían fortalecer el control.
El papel del fiscal general
El fiscal general Nick Brown actúa como representante legal del estado. Su oficina revisa denuncias, evalúa posibles violaciones de ley y defiende al estado ante demandas que involucren sus agencias.
Cabe resaltar que el actual gobernado de WA, Bob Ferguson, fue Fiscal General del estado por 12 años previo a la gestión de Nick Brown.
¿Qué efectos puede tener la auditoría?
Los resultados podrían derivar en correcciones administrativas, recomendaciones de política pública o mayor supervisión estatal sobre el DCYF. La información final determinará si se requieren cambios adicionales.
¿Qué se investiga exactamente?
La auditoría examina registros financieros, procesos internos y verificaciones aplicadas a proveedores contratados por el sistema.
¿Cuándo se conocerán conclusiones?
La Oficina del Auditor del Estado anticipa un informe completo en los próximos meses.
Si ves algún error de cualquier tipo en esta información puedes escribirnos al email: info@latinoherald.com
