El Fiscal General Nick Brown presentó una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) junto con otros 11 estados. La coalición acusa a la agencia de imponer requisitos que, según los demandantes, forzarían a discriminar a personas transgénero para mantener fondos federales.
La oficina del procurador sostiene que la política pone en riesgo recursos para salud, educación e investigación en el estado de Washington.
Demanda contra el HHS por certificaciones ligadas a fondos
Según el comunicado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) exige una certificación a quienes reciben fondos federales. La certificación, afirman los estados, obliga a cumplir una orden ejecutiva presidencial que redefine el sexo con criterios rígidos.
Los fiscales generales alegan que el Department of Health and Human Services no tiene autoridad para condicionar los subsidios de esta forma. También sostienen que la medida presiona a los estados e instituciones a aplicar reglas que chocan con leyes locales.
Impacto potencial en programas de salud, educación e investigación
La demanda contra el HHS advierte que la política no solo afecta fondos nuevos y también podría aplicarse a subvenciones ya vigentes, lo que abriría un riesgo inmediato para programas en curso.
El comunicado señala que el HHS menciona posibles sanciones. Entre ellas, cancelación de subsidios y devolución de fondos. También menciona responsabilidades civiles o penales si la agencia concluye que hubo incumplimiento.
Los estados afirman que el Departamento de Salud y Servicios Humanos no definió con claridad cómo se cumpliría la certificación. Ese vacío, dicen, aumenta la incertidumbre para universidades, hospitales y agencias públicas.
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Argumentos legales sobre Título IX y poder del congreso
Los demandantes afirman que el HHS busca modificar el Título IX a través de políticas administrativas. Además, sostienen que esta medida entra en conflicto con la constitución al interferir con la facultad del congreso de controlar el presupuesto.
Además, la coalición afirma que la política impone condiciones vagas y retroactivas. Por eso, plantea una violación de la Ley de Procedimiento Administrativo al cambiar reglas sin el proceso requerido.
Como contexto general, Título IX prohíbe la discriminación por sexo en programas educativos con asistencia federal.
Leyes de Washington y protecciones contra la discriminación
La oficina de Brown sostiene que la orden ejecutiva contradice normas estatales. En Washington, la Ley de Washington contra la Discriminación prohíbe discriminación en empleo, espacios públicos y transacciones, entre otros ámbitos.
El comunicado también menciona protecciones en servicios de salud y en escuelas públicas. Con ese marco, los demandantes argumentan que la política federal presionaría a violar leyes locales.
El texto legal estatal se puede consultar aqui.
Lo que pide la coalición al tribunal y quiénes participan
La demanda contra el HHS solicita que un juez declare ilegal la política. También pide que el tribunal impida su aplicación para que los estados mantengan servicios sin adoptar prácticas discriminatorias.
Además de Washington, participan fiscales generales de Nueva York, Rhode Island, California, Colorado, Delaware, Illinois, Michigan, Minnesota, Nevada, Oregon y Vermont.
¿Qué busca la demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos presentada por los fiscales de varios estados, inclueyndo al de WA?
La querella legal intenta frenar condiciones de financiación que, según la coalición, obligan a discriminar para conservar fondos federales.
¿Qué instituciones podrían verse afectadas por la política del HHS?
Podrían verse impactadas agencias de salud, universidades públicas, hospitales y otros receptores de subvenciones federales.
¿Qué relación tiene el caso con Título IX?
Los estados alegan que el HHS intenta modificar el alcance de Título IX mediante una certificación vinculada a fondos.
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