La oficina del fiscal general de Washington anunció un decreto de consentimiento (acuerdo legal entre ambas partes) que obliga a la ciudad de Sunnyside a pagar $1.1 millones para compensar a residentes afectados por órdenes de desalojo sin base legal. El acuerdo también impone cambios y capacitación para evitar que se repitan prácticas similares, según el comunicado oficial de la agencia.
Decreto de consentimiento en Sunnyside: pago y alcance del acuerdo
El decreto de consentimiento en Sunnyside crea un fondo de $1.1 millones destinado a personas perjudicadas por la aplicación del llamado Programa de Viviendas de Alquiler Libres de Delito. Según la Fiscalía, agentes del Departamento de Policía de Sunnyside ordenaron a residentes abandonar sus viviendas o enfrentar expulsión.
La oficina del fiscal general sostuvo que esas órdenes ocurrieron sin aviso adecuado y sin oportunidad real de defenderse ante un tribunal. La autoridad estatal señaló que eso vulnera el debido proceso bajo las constituciones estatal y federal.
Qué alegó el estado sobre el programa de “alquiler libre de delito”
De acuerdo con la demanda y el acuerdo, la ciudad aplicó el programa como vía para sacar a personas de sus hogares sin orden judicial. La Fiscalía indicó que varias familias quedaron sin vivienda o enfrentaron inestabilidad prolongada.
El comunicado también afirmó que muchas de las familias afectadas eran latinas, hogares encabezados por mujeres o familias con niños. La autoridad estatal explicó que el caso se inició para detener prácticas que consideraba discriminatorias y para asegurar que todas las personas reciban el mismo trato y la misma protección, sin importar sus características o circunstancias.
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Nuevas reglas para la ciudad y la Policía de Sunnyside
Además del pago, el convenio impone obligaciones a la ciudad y a su departamento de policía. Entre ellas, se incluye una prohibición permanente de desalojar ilegalmente o reactivar programas similares con el mismo enfoque.
El acuerdo también exige políticas internas aprobadas por la procuraduría estatal. Esas reglas buscan impedir que personal municipal saque a residentes de sus hogares sin el debido proceso judicial, o tome represalias contra quienes ejercen sus derechos.
Capacitación, informes y cierre del litigio
El acuerdo también ordena que durante tres años, la ciudad imparta capacitación anual a sus funcionarios y empleados mediante un proveedor externo aprobado. El objetivo es que conozcan sus responsabilidades legales y los límites de su participación en temas de vivienda.
En ese mismo periodo, la ciudad debe entregar reportes anuales de cumplimiento a la fiscalía. Esos informes deberán incluir capacitación y quejas relacionadas con expulsiones ilegales u otras conductas vinculadas al caso.
El decreto de consentimiento en Sunnyside evita un juicio que estaba programado para esta semana, según la autoridad estatal. La Fiscalía presentó el acuerdo ante el Tribunal Superior del Condado de Yakima.
¿Qué es un decreto de consentimiento?
Un decreto de consentimiento es un acuerdo legal aprobado por un tribunal. En general, permite resolver un caso sin llegar a juicio, pero con obligaciones exigibles para la parte demandada.
¿Qué derechos se mencionan en este tipo de casos?
La Procuraduría General de Washington citó el debido proceso y protecciones contra discriminación en vivienda. A nivel federal, la Ley Federal de Vivienda Justa establece prohibiciones de discriminación habitacional.
¿El acuerdo se aplica a futuros residentes?
El acuerdo obliga a cambios de política, capacitación y supervisión por un periodo definido. La finalidad declarada es prevenir que nuevas familias enfrenten expulsiones sin el debido proceso judicial.
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