El Fiscal General Nick Brown solicitó a un tribunal federal que proteja los datos personales del programa SNAP y haga cumplir una orden judicial vigente. La petición responde a nuevas presiones del Departamento de Agricultura para que los estados entreguen información confidencial de millones de beneficiarios.
La solicitud se presentó ante el Tribunal del Distrito Norte De California. Brown argumentó que la exigencia federal viola una orden judicial preliminar ya emitida.
Nick Brown pide al tribunal hacer cumplir orden sobre SNAP
De acuerdo con un comunicado oficial del 12 de enero, Brown explicó que el tribunal ya determinó que la exigencia del USDA era probablemente ilegal. La razón principal fue la intención declarada de usar los datos para fines ajenos a la administración del programa.
La orden preliminar bloqueó esa demanda. Sin embargo, la agencia federal volvió a advertir que podría retirar fondos administrativos a los estados que no entreguen la información.
Presiones del USDA y riesgo para los estados
Amenaza de recortes financieros
La coalición multiestatal sostuvo que la nueva exigencia del USDA incumple la orden judicial existente. También afirmó que repite las mismas fallas legales detectadas en la demanda original.
El estado de Washington recibe cerca de 129.5 millones de dólares anuales para administrar el programa. Cualquier interrupción pondría en riesgo la operación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Brown advirtió que esta presión obliga a los estados a elegir entre proteger la privacidad o garantizar asistencia alimentaria básica.
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Argumentos legales y protocolo de datos
Protocolo cuestionado por la coalición
La diferencia entre la demanda original y la renovada fue un supuesto protocolo de seguridad. Según la coalición, ese protocolo permitiría compartir datos que el tribunal ya consideró ilegales.
Los estados señalaron que el USDA rechazó discutir ajustes. Tras ello, emitió cartas amenazando con retener fondos administrativos.
La coalición ahora solicita al tribunal que refuerce la orden preliminar y frene cualquier nueva exigencia de datos.
Defensa continua del SNAP por parte de Washington
Brown ha defendido de forma constante al programa SNAP contra las acciones de la administración Trump. Durante un cierre del gobierno, demandó al USDA para asegurar pagos del programa.
Dos tribunales federales concluyeron que la agencia actuó ilegalmente. La disputa llegó incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque la solicitud federal fue retirada.
Actualmente, el programa cuenta con financiamiento completo hasta septiembre de 2026.
Demandas recientes y elegibilidad de no ciudadanos
El mes pasado, Washington y otros estados presentaron otra demanda contra una directriz del USDA. Esa guía excluía de manera errónea a ciertos residentes legales no ciudadanos del programa SNAP.
Tras la acción legal, la agencia corrigió la directriz. Un tribunal federal emitió otra orden preliminar que protege al estado frente a sanciones derivadas de esa guía.
¿Por qué el procurador pidió proteger los datos de SNAP?
Porque la agencia federal USDA exigió información personal que un tribunal ya consideró ilegal compartir.
¿Qué pasaría si Washington pierde fondos administrativos de SNAP?
El estado podría enfrentar graves dificultades para administrar el programa y atender a familias de bajos ingresos.
¿El programa SNAP corre riesgo de suspensión?
No por el momento. El programa cuenta con financiamiento federal garantizado hasta septiembre de 2026.
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