La senadora Yasmin Trudeau (D-Tacoma) informó el martes 6 de enero que presentó un proyecto de ley para establecer reglas claras sobre el uso de cámaras ALPR en el Estado De Washington, incluyendo sistemas como FLOCK. La propuesta busca definir límites, retención de datos y controles de acceso, mientras responde a preocupaciones recientes sobre privacidad y vigilancia.
Propuesta de ley para regular cámaras ALPR en Washington
De acuerdo con el comunicado de Trudeau, las cámaras ALPR (lectores automáticos de matrículas) escanean placas de vehículos en movimiento y generan registros con imágenes y datos de ubicación. Según la senadora, estas herramientas pueden apoyar investigaciones, pero también requieren normas estrictas sobre almacenamiento, acceso y uso de la información.
La legisladora señaló que el objetivo es equilibrar seguridad pública y derechos civiles. Señaló que no pretende quitar herramientas a las agencias, sino fijar reglas razonables para evitar abusos y aumentar la confianza.
Contexto y preocupaciones por intercambio de datos
Washington no cuenta con una ley estatal integral que regule el uso de cámaras ALPR, el acceso a sus bases de datos y el intercambio entre agencias. En meses recientes, reportes periodísticos y análisis académicos avivaron la discusión sobre con quién se comparten estos registros y bajo qué controles.
La propuesta también se plantea como un ajuste para alinearse con la Ley Para Mantener A Washington Trabajando de 2019, según indicó la senadora.
Riesgos por seguridad y uso indebido
Además de la privacidad, han surgido alertas sobre posibles malos usos. Entre ellos, accesos ajenos a su propósito original y casos en los que se usaron registros de ubicación para hostigar o vigilar a personas.
También se mencionó un aumento de solicitudes de registros públicos que, en ciertos municipios, provocó presión operativa y llevó a evaluar la continuidad de algunos programas.
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Qué incluiría el plan: operación, prohibiciones y controles
El proyecto de ley describe áreas clave para el funcionamiento de estas tecnologías, con énfasis en límites de uso, registro de accesos y prohibiciones claramente establecidas.
Usos permitidos por tipo de agencia
Según el borrador descrito, el uso de cámaras ALPR estaría limitado a fines específicos, por ejemplo:
- Aplicación de la ley: contrastar matrículas con listas de vehículos robados, personas desaparecidas o casos vinculados a delitos graves.
- Control de estacionamiento: apoyo a restricciones de tiempo y búsqueda de vehículos en listas de incautación.
- Peajes: apoyo al cobro y verificación operativa.
- Agencias de transporte: información de tráfico en tiempo real, estudios, o control de vehículos comerciales en estaciones de pesaje.
Prohibiciones destacadas
La iniciativa prohíbe usar estos sistemas para investigaciones migratorias o para monitorear actividades protegidas, como protestas por libertad de expresión. También plantea restricciones para la recopilación de datos cerca de lugares sensibles, incluyendo escuelas, tribunales, templos y bancos de alimentos.
Además, el proyecto exige que las agencias registren sus sistemas ante el Fiscal General y certifiquen políticas internas y capacitación.
Retención de datos y acceso a la información
Uno de los ejes del debate es cuánto tiempo se guardan los registros y quién puede consultarlos.
Plazos propuestos de eliminación
El texto descrito fija un estándar general: eliminar datos dentro de 72 horas, con excepciones por finalidad:
- Órdenes judiciales o citaciones en casos de delitos graves: conservar hasta el cierre del caso.
- Estacionamiento: eliminación a las 12 horas.
- Peajes: conservación el tiempo necesario para cobro.
- Estudios de tráfico: eliminación a los 30 días.
- Control de vehículos comerciales: eliminación a las 4 horas.
- Evidencia en investigaciones: conservación solo lo necesario para fines ilícitos específicos.
Acceso, registros y uso en tribunales
La propuesta establece que las agencias documenten cada acceso a datos: fecha, usuario, consulta y propósito. También plantea que datos obtenidos en violación de la ley no se usen como evidencia, con excepciones ligadas a demandas por daños.
En paralelo, el proyecto busca limitar la divulgación o el acceso directo a terceros, salvo para proveedores que operen el servicio o agencias autorizadas.
Registros públicos y presión sobre gobiernos locales
La discusión incluye el alcance de solicitudes bajo la Ley De Registros Públicos. La propuesta plantea exenciones para datos de cámaras ALPR, con excepciones para análisis sin información identificable y para investigaciones legítimas.
Próximos pasos y debate público
La senadora dijo que espera un debate amplio con fuerzas del orden, gobiernos locales, defensores y residentes. La discusión se perfila como un tema central por su impacto en vigilancia, seguridad comunitaria y protección de datos.
¿Qué son las cámaras ALPR y para qué se usan?
Las cámaras ALPR son sistemas que leen matrículas automáticamente y generan registros para apoyar tareas como búsqueda de vehículos robados, peajes o control de estacionamiento. Su alcance depende de la política de cada agencia.
¿Cuánto tiempo podrían conservarse los datos según la propuesta?
El estándar general plantea eliminación en 72 horas, con plazos distintos para peajes, estacionamiento, estudios de tráfico e investigaciones con causa justificada. Cada excepción tiene límites definidos.
¿Dónde se puede dar seguimiento al avance del proyecto de ley?
El público puede revisar iniciativas y movimientos legislativos en el portal oficial de información de proyectos del Estado y en herramientas de seguimiento de sesiones.
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