El Departamento de Educación endurece los requisitos del programa PSLF
Los empleados de organizaciones sin fines de lucro que trabajan con inmigrantes indocumentados, brindan atención de transición de género a menores o participan en protestas públicas podrían enfrentar dificultades para obtener la cancelación de préstamos estudiantiles, según las nuevas regulaciones presentadas por el Departamento de Educación de Estados Unidos.
La normativa de 185 páginas redefine los criterios de elegibilidad para el programa de Perdón de Préstamos por Servicio Público (PSLF), que cancela la deuda educativa de empleados públicos y de entidades sin fines de lucro tras diez años de servicio y 120 pagos mensuales.
El secretario de Educación podrá descalificar a empleadores —no a individuos— que participen en actividades consideradas de “propósito ilegal sustancial” a partir del 1 de julio, fecha de entrada en vigor.
Un cambio que podría afectar a miles de prestatarios
Actualmente, los empleados de organizaciones sin fines de lucro son elegibles para la condonación de préstamos estudiantiles si trabajan en áreas como la educación, la salud pública o el derecho de interés público.
Sin embargo, si la norma supera los desafíos legales, podría alterar un programa que ha beneficiado a más de un millón de prestatarios en más de 20 sectores.
Los pagos realizados después de que un empleador sea excluido del programa no contarán para el perdón del préstamo.
Aunque los empleadores podrán apelar, el cambio podría afectar gravemente a los trabajadores que están cerca de alcanzar los 120 pagos requeridos.
Cumplimiento de orden ejecutiva de Trump
Las modificaciones obedecen a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en marzo, destinada a excluir a organizaciones que, según él, apoyan la “inmigración ilegal, el tráfico de menores y la alteración del orden público”.
El decreto se enfoca en entidades que ayudan a niños y jóvenes transgénero, participan en manifestaciones, o apoyan a grupos designados como organizaciones terroristas extranjeras, como Hamás.
El subsecretario de Educación, Nicholas Kent, defendió la medida afirmando que “el programa PSLF debe garantizar que los beneficios lleguen a maestros, socorristas y funcionarios públicos que sirven incansablemente a sus comunidades”.
Agregó que el perdón de préstamos estudiantiles no debe “patrocinar a organizaciones que violan la ley”.
El proceso de revisión y apelación
De acuerdo con la ley, el Departamento de Educación tenía que integrar un comité de expertos para revisar los criterios de elegibilidad de los empleadores.
Sin embargo, el comité no logró consenso, lo que permitió al Departamento redactar su propia normativa.
Durante el proceso, se incorporaron ajustes para definir con más precisión el procedimiento de apelación de exclusiones.
Según la normativa, el Departamento considera actividades ilegales las siguientes:
- Ayudar o instigar violaciones a las leyes federales de inmigración.
- Apoyar el terrorismo o participar en actos violentos para influir en la política federal.
- Realizar procedimientos médicos que modifiquen el sexo biológico de menores en violación de leyes estatales o federales.
- Trasladar menores entre estados con el fin de emanciparlos de sus padres en violación de la ley.
- Encubrir o participar en discriminación ilegal.
Críticas y preocupaciones legales
Organizaciones estudiantiles y legisladores demócratas sostienen que la normativa politiza el programa PSLF, introduciendo ambigüedades que permitirían descalificar arbitrariamente a empleadores.
El congresista Robert C. “Bobby” Scott advirtió que la medida podría afectar a entidades que defienden los derechos civiles, apoyan a familias inmigrantes o brindan atención a jóvenes LGBTQ+.
Scott señaló que esta decisión “sigue el patrón de la administración Trump de reducir el acceso a la cancelación de préstamos y a castigar a familias trabajadoras mientras intenta controlar el discurso político”.
Antecedentes del programa PSLF
El Congreso creó el programa de condonación de préstamos por servicio público en 2007, durante la administración del presidente George W. Bush, para incentivar a graduados universitarios a ingresar en profesiones de servicio público menos rentables.
Grupos como Democracy Forward y Protect Borrowers calificaron la nueva norma como un intento de “usurpar la autoridad legislativa” y castigaron su enfoque “inconstitucional y punitivo”.
Por su parte, legisladores conservadores defendieron las reformas, argumentando que introducen salvaguardas necesarias para evitar abusos del programa.
El republicano Tim Walberg, presidente del Comité de Educación de la cámara de representantes, afirmó que los contribuyentes “no deben financiar organizaciones radicales que violan leyes federales o estatales”.
¿A partir de cuándo entra en vigor la nueva normativa?
Las nuevas reglas sobre el perdón de préstamos estudiantiles entrarán en vigor el 1 de julio, según el Departamento de Educación.
¿Qué empleadores podrían ser excluidos del programa?
Serán excluidos aquellos que participen en actividades que el Departamento de Educación considere con “propósito ilegal sustancial”. Esto incluye lo que la normativa considera «violaciones migratorias o apoyo a actos violentos».
¿Pueden los empleadores apelar la exclusión del programa?
Sí. La normativa establece un proceso formal de apelación, en el cual los empleadores podrán presentar evidencia y argumentos antes de una decisión definitiva.
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