Una jueza federal ha emitido una orden judicial preliminar que detiene la intención de la administración Trump de eliminar fondos cruciales aprobados por el congreso para programas de salud mental. La medida abarca desde el jardín de niños (kinder) hasta el último año de la preparatoria, esto se denomina K-12. Esta decisión surge a raíz de una demanda interpuesta en junio por una coalición de 16 fiscales generales de diferentes estados.
Cabe señalar que la coalición fue liderada por el Fiscal General de Washington, Nick Brown. La acción legal busca proteger el acceso de los estudiantes a servicios de apoyo psicológico vitales.
Decisión judicial a favor de la salud mental estudiantil
El 21 de octubre, la jueza de distrito Kymberly Evanson desestimó la solicitud del Departamento de Educación de EE. UU. para rechazar el caso. En su orden judicial, la jueza Evanson señaló que la agencia federal actuó de manera arbitraria y caprichosa, infringiendo la ley de procedimiento administrativo. Este dictamen preliminar busca beneficiar a los destinatarios de los fondos que demostraron ante el tribunal que los recortes a los subsidios les habrían causado un perjuicio directo.
El impacto de los recortes de subsidios y la respuesta legal
Los recortes de subsidios buscaban afectar una ley bipartidista del congreso que destinó $1.000 millones para reforzar el apoyo psicológico en las escuelas. Esta legislación fue impulsada tras las tragedias, como el tiroteo masivo en una escuela en Uvalde, Texas, donde murieron 19 estudiantes y 2 maestros.
Durante el primer año de funcionamiento, estos programas de salud mental beneficiaron a casi 775.000 estudiantes y permitieron la contratación de cerca de 1.300 profesionales de salud mental escolar. Datos de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP) indican que estos esfuerzos redujeron en un 50% el riesgo de suicidio en escuelas de alta necesidad, disminuyeron el ausentismo y los problemas de conducta, y aumentaron la participación positiva de la comunidad educativa.
Los programas protegidos y la Universidad de Washington
El 29 de abril, el Departamento de Educación envió notificaciones a los beneficiarios de las subvenciones, alegando que los programas de salud mental entraban en conflicto con las prioridades de la administración Trump y que, por lo tanto, la financiación sería suspendida. La orden judicial preliminar de la jueza Evanson impide que los recortes a los servicios de salud mental entren en vigor en tres distritos de servicios educativos en el estado de Washington, además de proteger los programas de la Universidad de Washington.
El Fiscal General Nick Brown expresó su alivio, destacando que esta acción protege «una gran cantidad de estos programas». El funcionario aseguró que la lucha legal continuará «hasta que la administración acepte cumplir la ley y la voluntad del congreso para apoyar la salud mental de los jóvenes estadounidenses«. La demanda, interpuesta ante el tribunal del distrito oeste de Washington, alega que la suspensión de fondos del Departamento de Educación contraviene tanto la ley de procedimiento administrativo como la constitución de los Estados Unidos.
Coalición de fiscales generales a favor de la infancia
Un total de 16 fiscales generales respaldan la demanda iniciada por el estado de Washington para defender los subsidios de salud mental. La alianza incluye a los líderes legales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nuevo México, Nueva York, Nevada, Oregon, Rhode Island y Wisconsin.
Para obtener la información oficial y los comunicados del Fiscal General Nick Brown respecto a este caso, puede consultar aquí. Además, para entender el marco legal que rige las acciones de las agencias federales, se recomienda revisar el texto de la ley de procedimiento administrativo.
¿Por qué una jueza federal decidió bloquear los recortes a los programas de salud mental estudiantil?
La jueza consideró que el Departamento de Educación actuó sin justificación legal válida, violando la Ley de Procedimiento Administrativo y la intención del congreso federal.
¿Qué programas se benefician de la orden judicial emitida en el estado de Washington?
Los fondos protegidos benefician directamente a tres distritos educativos de Washington y a la Universidad de Washington, garantizando continuidad en servicios de apoyo psicológico.
¿Qué impacto nacional podría tener este fallo en futuras decisiones de financiamiento educativo federal?
El fallo podría establecer un precedente jurídico que limite los intentos de futuras administraciones de modificar o suspender programas aprobados por el congreso estadounidense.
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