Tribunal ordena pagar más de 7 millones de dólares por desviar fondos de herencias
Una magistrada del condado King ordenó a dos personas y sus empresas pagar más de 7 millones de dólares tras encontrarlas responsables de ejecutar un esquema que buscaba obtener el control de patrimonios de personas fallecidas y desviar dinero de sus legítimos herederos.
De acuerdo con un comunicado de la oficina del fiscal general de Washington, la jueza Suzanne Parisien, del Tribunal Superior del condado King, declaró responsables a John B. Elliott y Shanelle Sunde, junto con sus compañías Probate & Administration Services LLC, Aurora Creek Ranch LLC y Sunde Consulting LLC, por violar la Ley de Protección al Consumidor de Washington y las leyes estatales de sucesiones.
El tribunal determinó que los acusados cometieron actos injustos y engañosos, y les impuso el pago de más de 7 millones de dólares en multas, restitución, honorarios legales y costos. Además, emitió una orden judicial permanente que les prohíbe actuar como administradores de herencias en el futuro.
Cómo operaba el esquema de herencias fraudulentas
La sucesión es el proceso legal mediante el cual se redistribuyen los bienes de una persona fallecida. En casos donde no existe testamento, los tribunales designan a un administrador testamentario para realizar el proceso de distribución y pago a los acreedores.
Entre marzo de 2019 y enero de 2024, los acusados aprovecharon lagunas legales para convencer a los tribunales de que los designaran como administradores externos de las herencias de aproximadamente 200 personas fallecidas sin relación con ellos, la mayoría en el condado de Kitsap.
Una vez designados, vendieron al menos 90 propiedades pertenecientes a las herencias, valoradas en conjunto en más de 28 millones de dólares, cobrando comisiones y honorarios injustificados. Los acusados también realizaron transferencias entre múltiples cuentas fiduciarias para ocultar sus movimientos financieros.
Entre los bienes sustraídos se incluyeron vehículos de lujo (como un Jaguar sedán y un Mazda Miata), un reloj Rolex, joyas, armas de fuego, muebles y otros artículos personales.
En muchos casos, los herederos legítimos desconocían la existencia de los procesos sucesorios y de las ganancias obtenidas por los acusados.
Declaraciones del procurador Nick Brown
El Fiscal General de Washington, Nick Brown, expresó su satisfacción por la resolución del caso:
“Las personas no deberían tener que preocuparse por las lagunas legales que las dejan vulnerables al fraude y el abuso, especialmente en momentos de duelo. Me alegra que el trabajo de nuestra oficina brinde consuelo a las familias”, señaló Brown.
La historia detrás de una herencia perdida
Entre las víctimas se encuentra Sandra Allen, quien perdió a su hermana menor, Judy Bass, por cáncer de colon en 2016. Ambas crecieron en Burien, donde Bass residió en la casa familiar hasta su fallecimiento.
Los acusados usaron el sistema de sucesiones para obtener el control de la propiedad de Bass sin el conocimiento de Allen, vendiendo la vivienda por 110,000 dólares y retiraron más de tres cuartas partes del dinero antes de que el tribunal congelara los activos.
Gracias a la sentencia, Allen podrá recuperar 25,000 dólares restantes.
“Piensas a cuántas personas les han hecho esto y te enojas. Me alegré mucho al enterarme de que la fiscalía general estaba investigando el caso”, declaró Allen.
Restitución, multas y próximos pasos judiciales
El fallo judicial obliga a los acusados a pagar más de 4 millones de dólares en restitución dentro de los 30 días posteriores a la sentencia, presentada el 3 de octubre. Una vez recaudados los fondos, la Fiscalía General se encargará de distribuir el dinero a los patrimonios y consumidores afectados.
Además, los acusados deberán pagar 3 millones adicionales en multas, honorarios de abogados y costos judiciales al Estado de Washington. Estas resoluciones ponen fin a los reclamos estatales contra los principales acusados en el caso iniciado por la procuraduría a comienzos de 2024.
Financiamiento y división encargada del caso
La División de Protección al Consumidor de la Oficina del Fiscal General se financia principalmente con dinero recuperado de empresas o individuos que violan la Ley de Protección al Consumidor de Washington, no con fondos públicos.
Una parte de lo recuperado se destina al Fondo Operativo de Justicia Civil, que apoya las divisiones de Protección al Consumidor, Antimonopolio, Derechos Civiles Wing Luke, Protección Ambiental, Control de Fraude a Medicaid y Litigios Complejos.
El caso fue manejado por los fiscales generales adjuntos Matt Geyman, Ben Carr y Lauren Holzer, con la asistencia de Miranda Marti, Christopher Kiefer, y los investigadores Steuart Markley y Michelle Bigos-Taylor.
Una copia de la sentencia contra Elliott está disponible aquí , y una copia de la sentencia contra Sunde está disponible aquí.
¿Qué implica el término «sucesión» en el contexto legal?
La sucesión es el proceso legal que permite redistribuir los bienes (patrimonios) de una persona tras su fallecimiento. Este procedimiento se encarga de la venta de propiedades, el pago a los acreedores, y la distribución final de los activos a los herederos.
¿Qué función tiene la ley de protección al consumidor de Washington en este caso de fraude de herencias?
La Ley fue fundamental para declarar responsables a los acusados por cometer actos injustos y engañosos al operar un esquema de fraude de sucesiones. Esta ley permite a la Procuraduría General de Washington imponer multas y garantizar la restitución de los fondos.
¿Los herederos afectados por el fraude recuperarán los fondos?
La jueza Suzanne Parisien ordenó a los responsables pagar más de 4 millones de dólares en restitución dentro de un plazo de 30 días. El dinero será gestionado por la Fiscalía General para su distribución a los patrimonios y consumidores afectados. La restitución total dependerá de la capacidad de recaudación de estos fondos.
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