En diversas regiones del país azteca, habitantes, comerciantes, transportistas y productores han denunciado que el crimen organizado ha impuesto un control directo sobre los precios de alimentos, materiales y servicios, mediante extorsiones y amenazas. Esta práctica se documenta en estados como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Tabasco y Estado de México, donde las bandas criminales han extendido su dominio económico a la vida diaria de la población.
Control económico a través de la extorsión
Según una investigacion del medio el Universal, los grupos criminales han establecido un modus operandi que consiste en controlar la distribución de productos y fijar los precios de venta. Los comerciantes se ven obligados a comprar mercancía en bodegas manejadas por los delincuentes y pagar cuotas conocidas como “derecho de piso”. Negarse implica perder el negocio o, en muchos casos, la vida.
De acuerdo con testimonios de campesinos de Tierra Caliente, en Michoacán, cárteles como Los Viagras y Los Blancos de Troya, aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), concentran mercancías como refrescos, cerveza, carne y abarrotes. “El crimen acapara todo. Si una persona tiene tienda, debe surtirse con ellos, de lo contrario, firma su sentencia de muerte”, señaló un poblador que pidió el anonimato.
Los lugareños explicaron que, por ejemplo, si un kilo de arroz tiene un costo real de 20 pesos, en los comercios se vende a 25 pesos por la presión de los cárteles. Lo mismo ocurre con la carne, cuyo precio puede incrementarse entre 30 y 40 pesos por kilo.
Estados bajo el control de los cárteles
Michoacán
En zonas como Apatzingán y Aguililla, el traslado de mercancía está controlado. Los productores relatan que la distribución solo se permite en rutas autorizadas por los grupos armados. Además, los delincuentes obligan a comprar productos robados, desde cigarrillos hasta botes de pintura.
Guerrero
En municipios como Chilpancingo, Iguala, Acapulco y Taxco, grupos como Los Ardillos, Los Tlacos y Los Granados no solo regulan precios, sino que han montado redes de comercios paralelos, incluyendo carnicerías, bares, transporte público y hasta centros nocturnos.
Tamaulipas
Los habitantes aseguran que en varias localidades solo es posible adquirir carne, huevo y cerveza a proveedores designados por los criminales. Incluso, durante conciertos y eventos masivos, se establece de manera obligatoria quién distribuye la cerveza.
Veracruz
Comerciantes y transportistas denuncian pagos a diversas células delictivas. El incremento se refleja en la canasta básica y en el transporte público: pasajes que antes costaban 10 pesos ahora se cobran en 12. Productores de caña señalan que los precios de venta se desploman, mientras que el azúcar para el consumidor final se encarece.
Durango y Coahuila (Comarca Lagunera)
Productores y transportistas viven en medio de extorsiones constantes, acusando complicidad de autoridades municipales y estatales. Las asociaciones locales señalan que este fenómeno está asfixiando la economía regional.
Oaxaca
En el Istmo de Tehuantepec, productores de mango aseguran que son obligados a vender sus cosechas a precios mucho más bajos de lo normal. Una caja que en el mercado oscila entre 900 y 1,200 pesos es pagada por los criminales en apenas 250. Además, han proliferado préstamos “gota a gota” vinculados a grupos extranjeros, en especial provenientes de Colombia.
Guanajuato
En municipios como Celaya, industriales de la masa y la tortilla recuerdan que ya en 2019 hubo denuncias por extorsiones, lo que obligó al cierre de decenas de negocios. Según afirman, la práctica continúa vigente.
Morelos
Más de la mitad de los comerciantes admite pagar derecho de piso. En Cuernavaca, transportistas de la Ruta 11 han recibido amenazas de incendiar unidades si no cumplen con los pagos, lo que los ha llevado a considerar suspender el servicio.
Tabasco
Propietarios de negocios y transportistas denuncian robos en carreteras y cobros de cuotas semanales o mensuales. En algunos casos, quienes se niegan han sido víctimas de agresiones violentas.
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Impacto directo en la población
El control de precios afecta tanto a consumidores como a productores. Para la población, significa pagar más por alimentos de la canasta básica, materiales de construcción y servicios. Para campesinos y ganaderos, implica vender su producción por debajo del valor de mercado, reduciendo sus ingresos y poniendo en riesgo la continuidad de sus actividades.
En lugares como Apatzingán, Buenavista y la Comarca Lagunera, los testimonios coinciden en que la vida cotidiana está marcada por la intimidación, la violencia y la dependencia económica hacia el crimen.
Expertos alertan sobre expansión del delito
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, explicó que la extorsión se consolidó a partir de 2013, cuando las grandes organizaciones del narcotráfico comenzaron a fragmentarse en células más pequeñas. Estas diversificaron sus ingresos hacia delitos como el cobro de piso y el control de mercados locales.
“Este delito se dejó crecer, y hoy está presente en todo el país. Muchas veces la extorsión termina en secuestros, homicidios o desapariciones, porque el terror es la herramienta que garantiza su permanencia”, puntualizó Rivas.
¿Cómo el crimen organizado afecta la economía local?
El control económico se establece al forzar a comerciantes y productores a operar bajo sus reglas, fijando precios y controlando las cadenas de suministro.
¿Qué es el derecho de piso?
Es una cuota impuesta por organizaciones criminales a comerciantes y negocios para permitirles operar sin sufrir agresiones. Negarse a pagarla puede tener graves consecuencias.
¿Qué entidades de gobierno están a cargo de investigar y combatir este delito?
La investigación y combate de estos delitos involucra a diversas instancias, desde las policías municipales y estatales hasta corporaciones federales como la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Sin embargo, la efectividad varía y a menudo se denuncia falta de acción.
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