Una carta que desató el conflicto
El Gobernador de Washington, Bob Ferguson, respondió con firmeza a una carta enviada por la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, en la que se advertía que el estado había sido identificado como una “jurisdicción santuario”. La misiva sugería posibles procesos penales contra funcionarios estatales y locales por supuestamente obstaculizar la aplicación de leyes migratorias federales.
En su respuesta, Ferguson aseguró que Washington no será intimidado por amenazas legales y defendió la legitimidad de las leyes estatales que limitan el uso de recursos locales para tareas federales de inmigración.
Defensa de la legislación estatal
El gobernador recordó que la legislatura estatal aprobó una ley bipartidista que regula la colaboración de policías, jueces y otras autoridades con agencias federales. Dijo que dichas medidas se tomaron dentro del marco legal. Según Ferguson, acusar a estos funcionarios de obstrucción o conspiración carece de fundamento jurídico.
Ferguson también señaló que el intento de criminalizar a empleados estatales por cumplir con la legislación local constituye una estrategia política “indigna de la oficina de la Fiscalía General de Estados Unidos”.
Un mensaje contra el autoritarismo
Ferguson subrayó que la carta de Bondi representa un esfuerzo por forzar a Washington a alinearse con políticas migratorias federales restrictivas. El gobernador afirmó que su administración no cederá a presiones que, en sus palabras, “acercan al país al autoritarismo”.
Procuradora General Bondi y Presidente Trump: Quedan notificados de que el estado de Washington no se dejará intimidar ni amedrentar por amenazas y acusaciones sin fundamento legal.
Protegeremos a los inmigrantes respetuosos de la ley en Washington. Dijo Ferguson.
Recordó además su historial de cuando fue fiscal general del estado, destacando que en 2017 encabezó múltiples demandas contra la administración Trump en defensa de la Constitución. Obtuvo 55 fallos favorables.
El alcalde de Seattle respalda la postura del gobernador
El alcalde de Seattle, Bruce Harrell, también respondió a la carta de Bondi, ofreciendo contexto sobre los logros de la ciudad en materia de seguridad pública y el papel clave de los inmigrantes en esos avances.
“Las tasas de criminalidad en Seattle han disminuido en todas las categorías principales. Nuestra comunidad inmigrante desempeña un papel significativo en este logro: la seguridad pública es uno de los valores más importantes compartidos por los miembros de nuestra comunidad inmigrante. Los miembros de esta comunidad desean seguridad para ellos mismos, para sus familias y para todos los residentes de Seattle, cada uno de ellos. No pasa una semana sin que escuche que se expresa este valor”, señaló Harrell.
Apoyo del sistema educativo
Tras la publicación de la carta, la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) respaldó la postura del gobernador. El superintendente Chris Reykdal enfatizó que las escuelas de Washington desde kinder hasta la preparatoria ( K-12 ), continuarán protegiendo la privacidad y el acceso a la educación de estudiantes, sin importar su estatus migratorio.
La OSPI recordó que la Constitución estatal garantiza educación básica a todos los menores en el territorio, independientemente de su ciudadanía. Compartió guías para que los distritos escolares sepan cómo actuar frente a posibles intentos de intervención migratoria. Más detalles están disponibles en el portal de la OSPI.
Reacciones políticas en redes sociales
El tema también generó debate en redes sociales. El representante estatal Julio Cortes respondió a un comentario que cuestionaba cuánto dinero se destinaría a enfrentar una posible demanda federal en lugar de ayudar a quienes viven bajo la línea de pobreza. Cortes contestó que los costos serán parte de la estrategia legal solo en caso de que se presente la demanda y añadió:
“¿Prefieres simplemente arrodillarte ante Trump y ahorrar algo de dinero? Te garantizo que se perderá más si hacemos eso, especialmente para quienes están por debajo del umbral de pobreza. Dijo Cortes.
Contexto político y social
La controversia se enmarca en un momento de creciente tensión entre gobiernos estatales y federales en torno a la política migratoria. Ferguson recalcó que el estado de Washington es una comunidad que le da la bienvenida a inmigrantes y refugiados, cuyos aportes son esenciales en lo económico y cultural.
El gobernador cerró su respuesta con un mensaje claro: defenderá el estado de derecho y la democracia, sin ceder a amenazas externas.
¿Qué significa que Washington sea una jurisdicción santuario?
El término hace referencia a que las autoridades locales limitan la colaboración con agencias federales de inmigración. Así, se le da prioridad de recursos a la seguridad comunitaria y no en deportaciones.
¿Puede el gobierno federal retirar fondos a Washington por sus políticas migratorias?
Aunque la amenaza ha sido planteada en distintas ocasiones, los tribunales han limitado los intentos de condicionar fondos federales a cambios en leyes estatales. Esto protege en gran medida a los estados.
¿Cómo afecta esta situación a los estudiantes indocumentados?
En Washington, la Constitución estatal garantiza acceso a la educación básica a todos los menores, sin importar su situación migratoria. Las escuelas tienen lineamientos claros para proteger la privacidad y seguridad de los alumnos.
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