El fiscal general de Washington, Nick Brown, presentó junto a 19 estados y el Distrito de Columbia una demanda contra la administración Trump por intentar condicionar el acceso a fondos de la Ley de Víctimas del Crimen (VOCA) a la implementación de medidas de control migratorio.
De prosperar estas restricciones, Washington podría perder más de 34 millones de dólares destinados en 2025 a programas de apoyo para víctimas de delitos, incluidos inmigrantes y comunidades en situación de vulnerabilidad.
Impacto en programas para inmigrantes y víctimas
El estado tenía previsto recibir 29,2 millones de dólares para financiar servicios como refugios de emergencia, asistencia en salud mental, programas contra la trata de personas y apoyo a sobrevivientes de violencia sexual y doméstica. Además, se asignaron 4,8 millones de dólares para cubrir gastos médicos, funerarios y terapias de recuperación para víctimas.
Según Brown, estas condiciones representan un ataque a los derechos de las víctimas, especialmente a inmigrantes que dependen de dichos recursos. “El Congreso aprobó estos fondos para apoyar a quienes han sufrido delitos, no para imponer políticas migratorias sin respaldo legal”, afirmó.
Disputa legal sobre federalismo y seguridad pública
La coalición argumenta que la administración federal viola el principio de separación de poderes, ya que el Congreso decidió que el dinero de VOCA se distribuya siguiendo reglas establecidas por la ley, sin imponer requisitos extra.
La demanda solicita al tribunal bloquear de forma permanente la medida, al considerar que pone en riesgo a millones de víctimas a nivel nacional, entre ellas a migrantes que necesitan acceso a servicios básicos de protección y recuperación.
Coalición nacional contra la medida
Washington se une a fiscales generales de Nueva Jersey, California, Illinois, Nueva York, Massachusetts, Oregon y otros estados en esta acción legal. Todos coinciden en que los fondos federales deben proteger a las víctimas de delitos y no usarse como herramienta para forzar políticas de inmigración.
¿Qué es la ley VOCA?
La Ley de Víctimas del Crimen (VOCA), creada en 1984, financia programas de apoyo a sobrevivientes de delitos en todo Estados Unidos.
¿Cómo afecta a los inmigrantes esta medida?
Las condiciones federales podrían limitar el acceso de inmigrantes a servicios de salud, refugios de emergencia y asistencia tras sufrir un delito.
¿Quiénes integran la demanda?
Una coalición de 19 estados y el Distrito de Columbia, incluyendo Washington, California, Nueva Jersey, Illinois, Nueva York y Oregon, entre otros.
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