El fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, ha tomado una acción legal significativa. El jueves 24 de julio, interpuso una demanda contra Fidelity Information Services (FIS). La acusación principal es por una presunta violación de su contrato, ya que FIS habría intentado compartir información sensible de más de un millón de residentes de Washington. Estas personas que viven en el estado reciben beneficios de asistencia alimentaria, lo que pone de relieve la urgencia de la protección de datos de poblaciones vulnerables.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior del Condado Thurston. La controversia surgió cuando FIS notificó al Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS) sobre su intención de entregar datos personales de los titulares de tarjetas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y del Programa de Asistencia Alimentaria (FAP) al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Esta transferencia de datos, según la fiscalía, tendría como fin apoyar políticas federales de control migratorio.
«Las personas que necesitan asistencia alimentaria para sí mismas y sus familias deben poder confiar en que sus datos estarán protegidos y se mantendrán privados», afirmó el fiscal Brown. «Si un contratista no cumple con los términos acordados, lo exigiremos cuentas ante la ley». Esta contundente declaración resalta la importancia de la privacidad en los servicios públicos.
Según un comunicado de la oficina de Brown, las leyes de Washington exigen que la información de quienes reciben prestaciones públicas se mantenga resguardada de cualquier uso no autorizado. Adicionalmente, el contrato de FIS con el DSHS, vigente desde 2015, especifica que cualquier divulgación de datos personales requiere el consentimiento previo y por escrito de la agencia estatal.
Conflicto por información privada: La postura de DSHS y FIS
La disputa inició en mayo, cuando el USDA solicitó a sus contratistas, como FIS, la entrega directa de información de los beneficiarios del SNAP, argumentando que la ley federal les concedía este acceso sin la intermediación estatal. El DSHS, al recibir esta notificación el 9 de mayo, respondió negando su autorización y exigiendo que no se compartiera ningún dato. A pesar de que FIS inicialmente indicó que no procedería sin consentimiento, dejó de responder a las solicitudes del estado que buscaban confirmar su compromiso.
En su demanda, el fiscal general Nick Brown pide una orden judicial que prohíba a FIS entregar cualquier dato confidencial sin la aprobación de DSHS. Además, solicita al tribunal que declare que tal divulgación violaría el contrato.
¿Por qué demandó el fiscal Brown a Fidelity Information Services (FIS)?
Por intentar divulgar datos confidenciales de beneficiarios de asistencia sin autorización, con lo cual habría violando su contrato y leyes estatales de privacidad.
¿Qué tipos de datos intentó compartir FIS y con qué propósito?
FIS intentó compartir datos personales de titulares de tarjetas SNAP y FAP con USDA, supuestamente para apoyar políticas federales de control migratorio.
¿Qué leyes estatales de Washington se alega que FIS violó?
FIS presuntamente violó su contrato con DSHS, la Ley de Protección al Consumidor de Washington y la Ley Estatal Contra la Discriminación.
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