En un nuevo impulso federal para reforzar su estrategia de deportaciones masivas, agencias de inmigración en Estados Unidos han comenzado a enviar citaciones a propietarios y administradores de viviendas solicitando información privada sobre sus inquilinos. Esta medida ha generado alarma entre expertos legales, organizaciones de vivienda y defensores de derechos civiles, quienes cuestionan la legalidad y el alcance de estas acciones sobre la privacidad de inquilinos.
Citaciones sin orden judicial generan controversia
Según el abogado Eric Teusink, con sede en Atlanta y especializado en bienes raíces, varios de sus clientes han recibido recientemente notificaciones de dos páginas. Estas fueron emitidas por la unidad antifraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las citaciones exigen que los arrendadores entreguen contratos de arrendamiento, solicitudes de vivienda, identificaciones oficiales, direcciones de reenvío e incluso detalles sobre personas que hayan residido con el inquilino.
El debate sobre la validez legal de las solicitudes
De acuerdo con un artículo de AP News, aunque el documento contiene advertencias sobre posibles sanciones legales por incumplimiento, las citaciones no están firmadas por un juez. Esto plantea importantes dudas sobre su carácter obligatorio. Teusink explicó que sus clientes, quienes administran propiedades multifamiliares, han expresado confusión y preocupación ante el inusual contenido de los requerimientos. «A diferencia de otras solicitudes, como las de cámaras de seguridad o inspecciones locales, estas no vienen con una orden judicial», señaló el abogado, destacando la falta de supervisión judicial.
La ausencia de firma judicial en las citaciones ha desatado un debate legal. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defiende la validez de estos documentos, afirmando que se trata de citaciones administrativas autorizadas por la ley. Especialistas en derecho de vivienda advierten que su cumplimiento podría violar normativas federales. Esto incluye la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación basada en origen nacional, raza o color.
Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho en la Universidad de Tulane, indicó que «la preocupación central es el cumplimiento excesivo sin comprender los límites legales». Ella enfatiza que «una citación sin orden judicial no tiene fuerza vinculante automática. Los arrendadores deben actuar con cautela antes de entregar información privada». La citación revisada por The Associated Press advierte que el incumplimiento puede llevar a que el arrendador sea declarado en desacato por un juez. Sin embargo, no hay evidencia de que se hayan iniciado procesos judiciales por esta causa. Abogados como Teusink afirman que, tras consultar con colegas expertos en inmigración, determinaron que estas solicitudes son voluntarias a menos que se presenten ante un tribunal y se ordene su cumplimiento.
Posible uso político en operativos de deportación
El contexto de estas citaciones coincide con un incremento de las medidas adoptadas por la administración Trump en su campaña de deportaciones masivas. De acuerdo con informes, muchas de las personas que hoy podrían ser localizadas mediante estos documentos fueron admitidas sin visa durante el gobierno de Joe Biden. Dichas personas deben mantener actualizada una dirección válida en Estados Unidos, lo que habría facilitado su localización por parte de las autoridades.
Algunos especialistas consideran que las citaciones podrían estar siendo utilizadas como una herramienta para mapear redes familiares o sociales más amplias. Esto explicaría la solicitud de datos sobre otros residentes en las viviendas. «Parece una expedición de pesca, más que una investigación puntual», expresó Teusink. Otros abogados, como Jordana Roubicek Greenman, con sede en Boston, reportaron haber recibido consultas de clientes contactados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante mensajes de voz poco claros, solicitando información de arrendatarios. Greenman aconsejó a sus clientes no responder sin respaldo legal.
Reacción de propietarios y administradores
Anthony Luna, director de una empresa que administra más de 1,000 unidades residenciales en de Los Ángeles, indicó que varios administradores han recibido consultas de inquilinos tras los rumores sobre estas citaciones. «La mayoría de los propietarios no planean cumplirlas, especialmente sin una orden judicial», aseguró. Luna cuestionó públicamente la necesidad de involucrar a proveedores de vivienda en investigaciones migratorias. «¿Si las autoridades buscan a criminales, deberían usar registros judiciales. ¿Por qué acudir a los expedientes de arrendamiento?», se preguntó.
El uso de citaciones administrativas no es nuevo. Durante el primer mandato de Donald Trump, su frecuencia aumentó considerablemente, pero se dirigían mayormente a autoridades locales y cuerpos de seguridad estatales. Su aplicación directa a arrendadores representa un cambio significativo en el enfoque de las políticas migratorias federales, según Lindsay Nash, profesora de derecho en la Universidad Yeshiva. Nash explicó que, aunque las citaciones del ICE pueden llegar a ejecutarse, para que tengan fuerza legal deben ser validadas por un tribunal federal, lo que ofrece al propietario la oportunidad de impugnarlas.
En muchos casos, sin embargo, las personas que reciben estos documentos los consideran oficiales y cumplen sin cuestionarlos, sin informar al inquilino afectado, impactando la privacidad de inquilinos. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes continúan promoviendo campañas como «Conoce tus derechos», exhortando a las comunidades a no permitir el ingreso de agentes sin orden judicial y a no entregar información sin asesoría legal previa.
¿Cuál es la principal preocupación legal sobre las citaciones de inmigración a propietarios?
La principal preocupación legal es que las citaciones a propietarios no están firmadas por un juez.
¿Qué tipos de datos de inquilinos están solicitando las autoridades migratorias?
Las autoridades migratorias solicitan contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, identificaciones, direcciones de reenvío y detalles sobre otros residentes, impactando la privacidad de inquilinos.
¿Qué riesgos enfrentan los propietarios al entregar información sin una orden judicial?
Los propietarios que entregan información sin una orden judicial corren el riesgo de violar la Ley de Vivienda Justa y de entregar datos privados sin el consentimiento o conocimiento de los inquilinos.
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