Montaje con imagen de un vuelo de deportación y retrato del gobernador Bob Ferguson, relacionado con indulto negado a inmigrante en riesgo de ser enviado a Sudán del Sur
Foto: Operativo de deportaciones aéreas del ICE - Servicio de Control de Inmigración y Aduanas

El gobernador de Washington rechaza petición que habría impedido su expulsión

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, ha negado el indulto total solicitado por Tuan Thanh Phan, un inmigrante de origen vietnamita que enfrenta una orden de deportación a Sudán del Sur, un país con el que no tiene ninguna conexión. El indulto negado elimina una de las últimas vías legales para impedir su expulsión, pese a los riesgos extremos que esta implicaría.

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Phan llegó a Estados Unidos como refugiado en 1991. A los 18 años fue condenado por asesinato en primer grado y agresión, luego de un tiroteo que su defensa califica como legítima defensa. Cumplió una condena de 25 años y fue liberado en 2023. Sin embargo, enfrenta una orden de deportación emitida en 2009 por la pérdida de su estatus migratorio.

Argumentos detrás del indulto negado

La Junta de Indultos y Libertad Condicional recomendó no conceder el perdón, basándose en el historial disciplinario de Phan en prisión —incluidas al menos 10 infracciones documentadas— y en la oposición de la familia de la víctima. En su comunicado, el gobernador Ferguson respaldó esa recomendación, alegando que no se cumplen las condiciones mínimas para otorgar un indulto completo.

Ferguson también indicó que ha contactado a miembros del Congreso para evaluar la posibilidad de que Phan sea deportado a Vietnam, su país de origen, en vez de Sudán del Sur. Pero mientras tanto, el proceso de deportación sigue en marcha.

Foto: Retrato oficial de los nueve jueces que integran actualmente la Corte Suprema de Estados Unidos – Cortesía del archivo institucional de la Corte

La Corte Suprema habilita su expulsión inmediata

El indulto negado cobra aún más relevancia luego de que, el 3 de julio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara al gobierno federal a completar la deportación de Phan y otros siete inmigrantes detenidos en una base naval de Djibouti.

El máximo tribunal levantó una orden judicial que había frenado temporalmente la expulsión, permitiendo así que el vuelo a Sudán del Sur —país con altos niveles de violencia e inestabilidad— se lleve a cabo de inmediato. La decisión fue tomada mediante el polémico mecanismo del “shadow docket”, sin audiencia pública ni opinión firmada.

Riesgo de tortura y muerte

Phan no tiene vínculos familiares, lingüísticos ni culturales con Sudán del Sur, y su defensa advierte que podría enfrentar persecución, tortura o incluso la muerte si es enviado allí. Diversas organizaciones de derechos humanos han criticado la política federal que permite deportaciones a terceros países cuando el país de origen se niega a recibir a una persona con antecedentes penales, como ocurre en este caso con Vietnam. La preocupación ha aumentado tras las recientes denuncias del salvadoreño Kilmar Abrego, quien fue deportado al centro penitenciario CECOT en El Salvador y asegura haber sido torturado aunque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele lo ha negado.

Su familia, defensores legales y líderes comunitarios han solicitado que se le permita reabrir su caso migratorio en Estados Unidos, lo que ya no es posible sin el indulto estatal.

¿Qué implicaba el indulto en este caso?

Un indulto total habría anulado la base legal de su deportación, permitiéndole iniciar un nuevo proceso para recuperar su residencia legal permanente en Estados Unidos.

¿Puede ser deportado a un país que no es el suyo?

Sí. Bajo acuerdos bilaterales, EE. UU. puede deportar inmigrantes a “países terceros seguros” si el país de origen no acepta su retorno. En este caso, Vietnam se niega a recibir a personas con antecedentes penales graves.

¿Qué decisión tomó la Corte Suprema?

El 3 de julio de 2025, el máximo tribunal habilitó la deportación inmediata de Phan y otros siete inmigrantes desde Djibouti hacia Sudán del Sur, al eliminar una orden judicial previa que había detenido el proceso.

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