Legisladoras federales alertan sobre condiciones preocupantes tras una inspección no anunciada en la instalación de ICE operada por GEO Group.
Supervisión sin aviso previo
El pasado viernes, las congresistas Pramila Jayapal y Emily Randall, de Washington, junto con Maxine Dexter, de Oregón, realizaron una visita sorpresiva al Centro de Procesamiento del Noroeste (Northwest ICE Processing Center) en Tacoma.
El objetivo fue ejercer su derecho de supervisión congresional y verificar las condiciones en que se encuentran las personas detenidas. La visita ocurre en un contexto de incremento reciente en el número de detenidos, mientras la administración Trump intensifica operativos y redadas migratorias a nivel nacional, como han denunciado legisladores demócratas.
El centro, administrado por la corporación privada GEO Group bajo contrato con ICE, es una de las mayores cárceles de inmigración en el país, con capacidad para 1,575 personas. Ha sido foco de numerosas denuncias por parte de defensores de derechos humanos y autoridades estatales. Cómo lo ha reportado muchas veces La Resistencia.
Obstáculos para ingresar
Según las legisladoras, llegaron sin previo aviso, como lo permite la ley federal, presentando incluso el estatuto que respalda su derecho a inspeccionar la instalación. Sin embargo, fueron obligadas a esperar más de una hora antes de ser admitidas, y no se permitió el ingreso ni de su equipo, ni de una intérprete de español que esperaban utilizar para comunicarse con los detenidos.
Una vez dentro, solo se les permitió entrevistar a dos personas. Según informaron las propias congresistas en redes sociales, esta limitación preocupa, ya que restringe el alcance de la supervisión.
Supervisión respaldada por la ley
La facultad de los miembros del Congreso para realizar visitas no anunciadas a centros federales de detención se encuentra respaldada por el memorando de ICE del 4 de agosto de 2011, titulado “Congressional Access to DHS Facilities”, que establece:
“Los miembros del Congreso deben recibir acceso a las instalaciones de detención del DHS para realizar funciones de supervisión, incluyendo inspecciones no anunciadas.”
Además, estas acciones se amparan en el poder de supervisión que otorga a los legisladores el Artículo I de la Constitución de Estados Unidos.
Condiciones denunciadas
Las congresistas aseguraron que conversaron con Maximo Londonio, residente legal permanente de origen filipino, detenido tras un arresto en el aeropuerto de Seattle-Tacoma por un delito ocurrido hace más de 20 años, por el cual ya había cumplido condena.
También hablaron con una mujer mexicana indocumentada, arrestada este mes en una redada en una empresa de bebidas en Kent. La mujer, que lleva aproximadamente 20 años en Estados Unidos, había sido detenida a pocos días de casarse con un ciudadano estadounidense.
Según relató Jayapal, ambas historias son “desgarradoras” y contradicen el discurso oficial que justifica estas detenciones como dirigidas a “los peores de los peores”.
En sus redes sociales, la congresista Maxine Dexter expresó que lo que presenció fue “devastador” y calificó la situación como “autoritarismo”, afirmando que no retrocederá en la lucha por los derechos de los inmigrantes.
Por su parte, la congresista Emily Randall, también en redes sociales, manifestó su preocupación por el hecho de que los detenidos no puedan llamar al 911 en caso de emergencia, un aspecto que considera inconstitucional y que, según anunció, será motivo de seguimiento con las autoridades de Tacoma.
Historial de denuncias
El Seattle Times recuerda que el centro de Tacoma ha acumulado más de 700 quejas ante el Departamento de Salud de Washington. Entre los problemas señalados: negligencia médica, uso prolongado de confinamiento solitario, alimentos y ropa insalubres, y agua contaminada.
Aunque ICE y GEO Group han rechazado estas denuncias como “infundadas”, la preocupación persiste. Durante la pandemia, el número de detenidos había disminuido, pero en los últimos meses ha aumentado nuevamente, acercándose a la capacidad máxima del centro.
Según el Seattle Times, el área médica actualmente cuenta con dos médicos, dos dentistas, cinco proveedores de nivel medio y enfermería 24/7, tras haber reducido una vacante previa del 30% en el personal de salud.
Vigilancia constante
La congresista Jayapal enfatizó al Seattle Times que la estrategia de realizar visitas sorpresivas busca precisamente recordar a ICE y GEO Group que el Congreso está vigilante y que pueden presentarse en cualquier momento. Asimismo, señaló la importancia de que las personas detenidas sepan que “no están olvidadas”.
Dexter y Randall coincidieron en esa perspectiva. Según Randall, su primera visita en abril ya había tenido un impacto emocional positivo en algunos de los detenidos.
Nuevos estándares estatales
El estado de Washington aprobó recientemente una ley que establece estándares adicionales para los centros privados de detención, especialmente en cuanto a sanidad y atención médica. Este marco legal refuerza el interés estatal por mejorar las condiciones en estas instalaciones.
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