Washington, WA – El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un acuerdo preliminar con Boeing. Este acuerdo podría eximir a la compañía de enfrentar cargos penales por presuntamente ocultar información clave sobre el modelo 737 Max. Esto se refiere a hechos antes de dos accidentes aéreos ocurridos en 2018 y 2019. Las colisiones resultaron en la muerte de 346 personas

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Boeing pagaría más de $1,100 millones como parte del arreglo 

La propuesta contempla un compromiso financiero de más de 1,100 millones de dólares. Esto incluye $445 millones en compensaciones para las familias afectadas. A cambio, se desestimaría el cargo de fraude. Esto permitiría que Boeing conserve su estatus como contratista federal, algo crucial para mantener sus operaciones con el gobierno estadounidense. 

Consultor externo vigilará cumplimiento de normas de seguridad 

Según los términos presentados, Boeing deberá contratar un consultor independiente de cumplimiento. Este consultor tendrá la tarea de supervisar y recomendar mejoras en los procedimientos de seguridad y calidad de la compañía durante tres años. Además, el consultor reportará directamente al gobierno federal. 

Familias de víctimas y legisladores expresaron rechazo al acuerdo 

A pesar del avance legal, familiares de las víctimas y legisladores como los senadores Elizabeth Warren y Richard Blumenthal han manifestado oposición a que Boeing evite el juicio. Algunos sostienen que la empresa debería enfrentar una audiencia pública. Otros reclaman mayores sanciones penales por la omisión del sistema MCAS, implicado en los accidentes. 

Antecedentes de incumplimiento y rechazo judicial previo 

Boeing ya había sido acusado en 2021 de engañar a la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre el software MCAS y los requisitos de formación para pilotos. En ese momento, la empresa pagó un acuerdo de 2,500 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, fiscales federales determinaron que la compañía no cumplió con los compromisos establecidos. Un juez federal rechazó un acuerdo posterior en diciembre, alegando posibles sesgos en la supervisión del cumplimiento. 

Fuentes: Seattle Times, Departamento de Justicia de USA.

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