Olympia, WA – La industria de árboles frutales en el estado de Washington enfrenta una crisis creciente debido a factores estructurales y económicos. Estos han reducido la rentabilidad de las operaciones agrícolas. En este contexto, la reforma laboral agrícola también ha generado inquietudes entre los productores. De acuerdo con datos del Consejo Hortícola del Noroeste, el incremento acumulado de los costos laborales en la última década asciende a un 127 %. Por otro lado, los ingresos apenas han crecido un 22 %. Esto ha generado una fuerte presión financiera sobre los productores. Ellos afirman que gran parte de sus ingresos actuales se destinan al pago de salarios.
Iniciativa legislativa busca garantizar fuerza laboral agrícola estable
Ante este escenario, una coalición bipartidista en el Congreso ha vuelto a presentar la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que tiene como objetivo otorgar estatus legal temporal a los trabajadores agrícolas existentes. Además, propone reformar el programa de visas H-2A. La legislación propone establecer vías hacia la legalización y un sistema de verificación laboral en línea. Esto busca mitigar la incertidumbre tanto para empleadores como para empleados.
Cambios en el programa H-2A y nuevas rutas de documentación
Entre las reformas propuestas se incluye una congelación salarial temporal de la tasa de efecto adverso (AEWR). Se acompañará con medidas para estabilizar las futuras variaciones salariales. Asimismo, el proyecto contempla la implementación de un piloto. Este podría permitir a más de 10,000 trabajadores agrícolas desplazarse entre distintos empleadores registrados. Dicha iniciativa podría mejorar la flexibilidad del sistema. En 2023, casi 36,000 trabajadores fueron contratados en Washington mediante el programa H-2A. Esto refleja su creciente importancia.
Debate entre empleadores y sindicatos sobre el alcance del proyecto
El proyecto legislativo ha recibido críticas de sectores sindicales y de defensa de los trabajadores, como Familias Unidas por la Justicia, quienes afirman que la ley prioriza las necesidades de los empleadores. Además, no garantiza una verdadera protección migratoria. Representantes sindicales aseguran que el proyecto ofrece un esquema de “permiso laboral” en lugar de una regularización migratoria completa. Esto podría aumentar la dependencia y vulnerabilidad de los trabajadores frente a sus empleadores.
Persiste incertidumbre legislativa en el Senado
Pese a haber sido aprobado en la Cámara de Representantes en ocasiones anteriores, la propuesta ha encontrado resistencia en el Senado. Legisladores como Dan Newhouse y Zoe Lofgren, impulsores del proyecto, intentan ahora renovar el respaldo bipartidista. Apelan a la urgencia de atender las necesidades del sector agrícola. El futuro de esta legislación dependerá del consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Será crucial lograr equilibrio entre intereses empresariales y derechos laborales.
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