WASHINGTON D.C. – La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración Trump avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 300,000 migrantes venezolanos. Esta medida representa un paso significativo en los esfuerzos del mandatario por intensificar las deportaciones.
Anteriormente, un juez federal había bloqueado esta acción, argumentando que suspender el programa de manera abrupta perjudicaría a quienes dependen de él para vivir y trabajar legalmente en el país debido a las difíciles condiciones en Venezuela. Sin embargo, en una orden no firmada y sin explicación, como suele ocurrir en este tipo de decisiones de emergencia, el máximo tribunal permitió que la administración proceda con la cancelación del TPS mientras se resuelve la apelación del caso.
La jueza Ketanji Brown Jackson expresó su desacuerdo, indicando que habría rechazado la solicitud del gobierno de anular la decisión del tribunal inferior.
Ahilan Arulanantham, abogado que representa a los migrantes, calificó la medida como “la mayor acción individual para despojar de estatus migratorio a un grupo de personas en la historia moderna de EE.UU.”. Añadió que el impacto humanitario y económico será inmediato y de largo alcance.
Según Arulanantham, es probable que muchos venezolanos sean deportados antes de que el caso se resuelva por completo en los tribunales.
Por su parte, el Departamento de Justicia sostuvo que las decisiones de la Agencia de Seguridad Nacional en este contexto no deberían estar sujetas a revisión judicial, debido a la naturaleza dinámica de los asuntos internacionales involucrados. Los abogados de los migrantes, en cambio, defendieron la importancia del control judicial, afirmando que corresponde a los tribunales federales interpretar la ley.
El juez Edward Chen, del Distrito Norte de California, había dictaminado en marzo que terminar con el TPS podría poner en riesgo a cientos de miles de personas, causar pérdidas económicas significativas y afectar la salud y seguridad públicas. También señaló que el gobierno no había presentado pruebas concretas de que mantener el programa causara algún perjuicio.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó en febrero la finalización del programa, argumentando que representaba una carga para los gobiernos locales y vinculó a algunos venezolanos con la organización criminal Tren de Aragua, la cual fue designada por Trump como una organización terrorista extranjera.
El grupo defensor National TPS Alliance, junto con varios venezolanos, presentó una demanda alegando que regresar a su país representa un grave peligro.
Organizaciones como la Oficina de Washington para América Latina destacan que Venezuela vive bajo un régimen autoritario, con hiperinflación, pobreza extrema y persecución política generalizada desde hace más de una década.
El juez Chen subrayó que Venezuela continúa siendo clasificada por el Departamento de Estado como país de nivel 4 – “No Viajar” – debido al alto riesgo de detenciones arbitrarias, terrorismo, secuestros, criminalidad, disturbios civiles y deficiencias en el sistema de salud.
Además, Chen señaló que los beneficiarios del TPS no solo están bien integrados en la sociedad estadounidense, sino que en promedio cuentan con mayor nivel educativo que muchos ciudadanos estadounidenses, y participan activamente en la economía, aportando miles de millones de dólares.
