Washington D.C. – La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para llevar a cabo deportaciones masivas en un fallo que representa un obstáculo para los planes de la administración Trump. La medida fue impulsada por un grupo de inmigrantes venezolanos que temían ser expulsados bajo esta ley, la cual otorga amplios poderes al presidente en tiempos de guerra para deportar ciudadanos extranjeros sin un proceso judicial exhaustivo.
La decisión del tribunal no es definitiva, sino un bloqueo temporal mientras el caso continúa su curso en los tribunales inferiores. El proceso fue remitido al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, para una revisión más profunda sobre la legalidad de la medida presidencial y sobre los derechos de notificación para los inmigrantes afectados. El fallo menciona que el tribunal de apelaciones cometió un error al desestimar el caso sin una evaluación completa de los derechos de los detenidos.
La decisión de la Corte Suprema no fue unánime. Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron su desacuerdo, señalando su respaldo al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones. Por otro lado, el fallo no firmado por el tribunal criticó la gestión del caso por parte del juez federal James Hendrix, quien había rechazado detener las deportaciones en una fase anterior del proceso.
En su decisión, el tribunal hizo referencia al caso de Kilmar Ábrego García, un hombre de Maryland que fue deportado por error a El Salvador. La administración Trump indicó que no podía garantizar su regreso, lo que generó preocupación en la Corte Suprema sobre los procedimientos acelerados y la falta de garantías para corregir errores. Según los jueces, los intereses de los detenidos son “particularmente importantes” y requieren un manejo más cuidadoso.
El fallo de la Corte Suprema extiende una congelación temporal de las deportaciones en el Distrito Norte de Texas, impuesta por un tribunal inferior desde el 19 de abril. Expertos legales, como Steve Vladeck, profesor de Derecho en Georgetown, señalan que esta medida implica la suspensión de todas las deportaciones bajo esta ley hasta que el Quinto Circuito y, posiblemente, la misma Corte Suprema, tomen una decisión definitiva sobre la legalidad de la medida y el tiempo de notificación requerido para los afectados.
Si ves algún error de cualquier tipo en esta información puedes escribirnos al email: info@latinoherald.com.
