Tri-Cities, WA – Una mujer vinculada a una compleja investigación federal sobre explotación infantil fue arrestada este martes en Benton City, según revelaron documentos judiciales. Yamilex Atkinson, de 29 años, enfrenta acusaciones por entorpecer una investigación relacionada con trata de personas, incluyendo explotación laboral y abuso sexual de menores. Los cargos podrían llevarla a enfrentar hasta cuatro décadas y media de prisión. Tras su detención, se declaró inocente ante un tribunal federal en Richland, aunque el magistrado Alexander Ekstrom ordenó su encarcelamiento preventivo hasta una audiencia clave programada para esta semana. Actualmente, comparte el mismo centro de detención que su esposo, Jonathan Atkinson, cuyo caso ha conmocionado a la comunidad.
Se cree que el cabecilla de la operación era su esposo, Jonathan Michael Atkinson, empresario de 34 años y propietario de CRS Crossroad Services, señalado por reclutar durante más de una década a menores en situación de pobreza extrema en Honduras. Según la fiscalía, bajo el disfraz de ayuda humanitaria y ofreciendo educación, alimentos y tecnología, el hombre habría establecido un sistema de control para exigir material sexual explícito a cambio de promesas de traslado a Estados Unidos. Los cargos en su contra, que incluyen pornografía infantil y tráfico de personas, podrían llevarlo a una sentencia de cadena perpetua.
De acuerdo con un artículo del Tri-Cities Herald, al llegar a la región, las víctimas -algunas de apenas 8 años- eran alojadas en complejos habitacionales gestionados por la pareja. Testimonios recogidos por las autoridades detallan que los menores eran forzados a realizar trabajos mal remunerados y actos sexuales bajo amenazas de deportación o filtración de videos íntimos a líderes religiosos. La fiscal adjunta Laurel Holland subrayó en audiencia que el acusado ejercía un dominio psicológico total: las víctimas lo llamaban “padre” y entregaban datos sensibles, como contraseñas y ubicaciones en tiempo real, consolidando su dependencia.
La trama se complicó tras el arresto de Jonathan en abril, cuando presuntamente intentó manipular testigos desde prisión. Según expedientes judiciales, Yamilex habría retirado a víctimas de un refugio coordinado por agentes, acción que los fiscales interpretan como un esfuerzo por silenciar testimonios.
El caso, calificado como una de las investigaciones más extensas contra redes de explotación en la región, sigue abierto. Las autoridades urgen a la comunidad a reportar cualquier dato relevante, especialmente sobre víctimas no identificadas. Mientras la pareja permanece en custodia, la policía de Pasco y agencias federales investigan los vínculos internacionales de esta operación, que habría aprovechado la vulnerabilidad de menores para fines delictivos.
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