Harrisburg, PA – Un juez federal en Pensilvania falló a favor del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para agilizar la deportación de presuntos pandilleros venezolanos, en un fallo que representa un respaldo judicial a la interpretación de esta ley impulsada por la administración de Trump. La jueza Stephanie Haines, del Distrito Oeste de Pensilvania, determinó que el expresidente Trump tiene la facultad de declarar a la pandilla venezolana Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera y, bajo ese argumento, ordenar la deportación inmediata de sus miembros.
Sin embargo, Haines criticó la rapidez con la que el gobierno ha llevado a cabo las deportaciones, señalando que en algunos casos se realizan “en cuestión de horas”. Para evitar errores en el proceso, ordenó que los individuos sujetos a esta medida deben recibir un aviso de al menos 21 días antes de su expulsión, así como la oportunidad de impugnar la decisión. Además, instruyó al gobierno a emitir estos avisos en español e inglés y a proporcionar intérpretes para quienes lo necesiten.
El fallo de Haines surge en el marco del caso de un venezolano identificado como ASR, a quien el gobierno acusa de pertenecer al Tren de Aragua. La jueza no emitió un veredicto sobre si ASR es efectivamente miembro de la pandilla, pero subrayó la necesidad de un proceso más transparente y justo para quienes enfrentan estas acusaciones. La decisión contrasta con fallos previos en tribunales federales de Nueva York, Colorado y Texas, que rechazaron el uso de esta ley para deportar a ciudadanos venezolanos.
El abogado Lee Gelernt, representante de ASR y miembro de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), anunció que apelará el fallo. “Estamos completamente en desacuerdo con la decisión del Tribunal de permitir que el gobierno utilice esta autoridad propia de tiempos de guerra en periodos de paz”, declaró Gelernt.
Mientras tanto, el gobierno de Trump ha sostenido su postura de deportar a presuntos pandilleros venezolanos a un centro penitenciario en El Salvador, como parte de un acuerdo bilateral en el que Estados Unidos financiará con 6 millones de dólares la reclusión de estos individuos. La Casa Blanca, hasta el momento, no ha emitido comentarios sobre el reciente fallo judicial.
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