Las autoridades del condado King han detectado un preocupante incremento en crímenes armados cometidos por adolescentes en los últimos años. Desde 2017, un total de 58 jóvenes de entre 11 y 17 años han perdido la vida debido a la violencia con armas de fuego, siendo en la mayoría de los casos otros adolescentes quienes dispararon. Las cifras superan las de la década anterior y reflejan una marcada tendencia en el uso de armas automáticas entre menores de edad. En un incidente ocurrido en Seattle el pasado julio, tres adolescentes, dos de 14 años y uno de 13, fueron detenidos portando pistolas robadas modificadas para ser completamente automáticas.
Una investigación de KIRO 7 indica que decenas de armas han sido confiscadas a menores de edad en los últimos años. Entre los casos más recientes, la policía de Auburn recuperó tres armas de un adolescente tras una persecución a alta velocidad. Según las autoridades, dichas armas habían sido robadas y modificadas para funcionar como ametralladoras. Las investigaciones indican que muchas de estas armas provienen de robos en vehículos estacionados, un problema recurrente en ciudades como Renton, donde el 86% de las armas robadas en 2023 fueron obtenidas de autos.
A pesar de los arrestos, las leyes estatales limitan el tiempo que los menores pueden permanecer en detención. De acuerdo con el Título 13 de la Ley del Estado de Washington, un adolescente puede ser arrestado hasta cinco veces por posesión ilegal de armas antes de que un juez pueda imponer una pena superior a 30 días. Esta situación ha generado críticas por parte de expertos en seguridad, quienes consideran que la falta de consecuencias significativas facilita que los menores reincidan en crímenes violentos.
En respuesta a esta problemática, el subjefe del Departamento de Policía de Renton, Ryan Rutledge, ha implementado un enfoque innovador para combatir el aumento de armas robadas y la violencia juvenil. A través de la Unidad de Delitos Violentos, se han logrado avances significativos en la recuperación de armamento y la reducción de crímenes cometidos por adolescentes. Además, Rutledge ha impulsado el programa LINC (Intervención y Cambio de Liderazgo), enfocado en ofrecer mentoría y apoyo a jóvenes en riesgo mientras están bajo custodia, con el objetivo de evitar la reincidencia.
Por su parte, Jamie Kvistad, fiscal adjunta para delitos juveniles del condado King, destacó la conexión entre la falta de educación y la delincuencia juvenil. Según un análisis realizado en casi 60 casos, el 90% de los adolescentes arrestados por posesión de armas no asistían a la escuela, algunos incluso desde hacía varios años. Kvistad enfatizó la importancia de reinsertar a estos jóvenes en el sistema educativo como una estrategia clave para reducir los índices de violencia y fomentar un cambio positivo en sus vidas.
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