Durante los últimos meses, ha aumentado la preocupación entre titulares de visas y tarjetas de residencia legal en EE.UU. debido a reportes de inspecciones minuciosas al intentar ingresar al país. Aunque cuenten con documentación válida, algunos viajeros han enfrentado interrogatorios extensos, registros digitales e incluso la revocación de su estatus migratorio en puntos de entrada como aeropuertos internacionales.
Uno de los casos más destacados fue el de una doctora y profesora universitaria que, tras regresar del Líbano, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Boston y posteriormente deportada. Según informes, las autoridades habrían encontrado contenido en su teléfono vinculado a grupos terroristas, lo cual, de acuerdo al gobierno federal, es un riesgo para la seguridad nacional. Pese a contar con una visa laboral válida, se le negó el ingreso al país.
En otro incidente, un residente permanente fue detenido luego de regresar de un viaje a Europa. De acuerdo con testimonios, su tarjeta verde fue anulada sin explicaciones claras y fue retenido por varias horas en un centro de detención. Casos similares han sido reportados por otros viajeros, quienes aseguran haber sido cuestionados por publicaciones en redes sociales o mensajes privados en sus teléfonos.
De acuerdo a expertos en cuestiones migratorias, a pesar de que los casos son pocos y muy específicos, el objetivo detrás de esta campaña gubernamental es sembrar el temor y la incertidumbre entre la comunidad inmigrante del país y enviar un mensaje a posibles migrantes sin documentos para que no intenten venir a Estados Unidos, evidenciando que su estancia aquí no será tolerada.
Así mismo, parte de la estrategia es asustar a los inmigrantes irregulares que ya viven en los Estados Unidos para que se auto-deporten, lo cual aumentaría las cifras de la administración Trump de personas que salieron (por iniciativa propia o por deportación) de territorio estadounidense.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), sus agentes tienen la autoridad para inspeccionar dispositivos electrónicos en las fronteras sin necesidad de orden judicial, como parte de una excepción legal específica. Aunque el porcentaje de viajeros que son sometidos a estas inspecciones es mínimo, quienes las enfrentan pueden ser objeto de búsquedas exhaustivas, interrogatorios o confiscación de dispositivos.
Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation han emitido recomendaciones para minimizar los riesgos al cruzar la frontera. Estas incluyen eliminar archivos sensibles, usar cifrado, desactivar desbloqueos biométricos y cerrar sesión en redes sociales. Pese al temor que generan estos casos, las autoridades señalan que la mayoría de quienes viajan con documentación legal válida logran reingresar sin inconvenientes.
