Washington D.C. – Más de 6,000 inmigrantes, en su mayoría de origen latinoamericano, fueron recientemente incluidos en una base de datos del gobierno federal utilizada para registrar fallecimientos, según dos fuentes conocedoras del proceso que hablaron bajo la condición de anonimato, por lo delicado de la información. Esta acción, liderada por la Administración del Seguro Social (SSA) y solicitada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afectará directamente la capacidad de estas personas para recibir beneficios, trabajar legalmente o mantener relaciones bancarias en Estados Unidos.
De acuerdo con funcionarios federales, la decisión busca reducir el incentivo económico para que inmigrantes indocumentados permanezcan en el país. El procedimiento afecta principalmente a individuos que poseen números de Seguro Social válidos pero cuyo estatus migratorio ha expirado, como aquellos acogidos a programas temporales ya finalizados. Algunos fueron incluidos en la base de datos por presuntas conexiones con actividades delictivas o listas de vigilancia federal, aunque no se han presentado pruebas públicas de tales vínculos.
Según documentos obtenidos por The Washington Post, el cambio fue oficializado a través de dos memorandos firmados por la Oficina del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional. Estos lineamientos permiten, bajo el argumento de seguridad nacional, registrar a personas vivas como fallecidas en el llamado Archivo Maestro de Defunciones. Aunque controversial, la estrategia se perfila como el primer paso de un plan más amplio que buscaría aplicar la misma medida a decenas de miles de inmigrantes adicionales, empezando por quienes tienen condenas penales.
Fuentes internas de Seguro Social han manifestado su preocupación por esta práctica, señalando que podría violar regulaciones de privacidad y ocasionar graves consecuencias económicas y legales para los afectados. Una vez en la base de datos, los individuos son tratados como fallecidos por agencias públicas, entidades financieras y empleadores que dependen de estos registros para validar la identidad y elegibilidad de las personas.
Esta medida se enmarca dentro de una ofensiva migratoria impulsada por la administración Trump, en coordinación con el equipo DOGE, encabezado por Elon Musk, cuya misión ha sido reducir el tamaño y gasto de agencias federales. A su vez, coincide con acuerdos interinstitucionales que permiten el intercambio de información confidencial entre el IRS, la SSA y el Departamento de Seguridad Nacional, en una muestra del alcance creciente de los mecanismos utilizados para rastrear y excluir a inmigrantes indocumentados del sistema federal.
