Washington D.C. – A partir del viernes 11 de abril, millones de personas que residen en Estados Unidos sin autorización legal deberán registrarse oficialmente ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de que un tribunal federal desestimara una solicitud para detener la implementación de esta medida. Además del registro, quienes estén sujetos a la norma deberán portar en todo momento documentación que demuestre su inscripción.
El fallo fue emitido por el juez Trevor Neil McFadden, del Distrito de Columbia, quien consideró que los grupos demandantes, en su mayoría organizaciones defensoras de derechos migratorios, no demostraron tener un perjuicio directo con la aplicación de la norma. Este veredicto abre la puerta para que el gobierno federal haga cumplir la directiva con consecuencias legales que incluyen severas multas y penas de cárcel para quienes no cumplan.
Según lo establecido por DHS, los inmigrantes mayores de 14 años que se encuentren en el país sin permiso deberán registrarse a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), proporcionando datos biométricos y otra información personal. Una vez completado este proceso, recibirán una constancia oficial que deberán llevar consigo todo el tiempo.
El Instituto de Política Migratoria estima que mas de 3 millones de personas serán impactadas por esta nueva regulación. Entre los grupos excluidos del requisito se encuentran residentes permanentes legales, personas con visas de trabajo y quienes ya estén bajo procesos migratorios formales. Visitantes canadienses que excedan los 30 días en EE.UU. también deberán registrarse bajo esta disposición.
Este esfuerzo es parte de la campaña de la administración Trump para obligar a las personas sin autorización legal en Estados Unidos a autodeportarse. De esta manera, los funcionarios federales podrían llevar a cabo sus planes de deportaciones masivas sin utilizar recursos de la agencia para expulsiones físicas.
La normativa, basada en una ley de registro de extranjeros de la década de 1940, había sido utilizada en contadas ocasiones, especialmente tras los ataques del 11 de septiembre. En esa época, se enfocó en ciudadanos de países de mayoría musulmana. Aunque el programa original fue desmantelado en 2016, la administración actual ha retomado la herramienta como parte de sus estrictas políticas migratorias.
