Annapolis, MD – El gobierno federal no ofreció respuestas claras este viernes 11 de abril, ante el requerimiento de una jueza en Maryland sobre las acciones concretas para facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado el 15 de marzo, pese a contar con protección legal en EE.UU. La administración argumentó que no ha tenido tiempo suficiente para interpretar el reciente fallo de la Corte Suprema que le exige tomar medidas para que Ábrego retorne al país.
La jueza Paula Xinis había exigido al Departamento de Justicia que entregara información precisa sobre el paradero de Ábrego, su situación legal y los esfuerzos realizados para repatriarlo. Aunque se concedió una prórroga al plazo inicial, los representantes del gobierno respondieron que las relaciones internacionales no pueden regirse por calendarios judiciales, señalando que el migrante se encuentra bajo la jurisdicción de otro país.
Durante una breve audiencia, Xinis ordenó que se le brinden actualizaciones diarias con datos puntuales sobre la ubicación de Ábrego, qué gestiones se han hecho para traerlo de vuelta, y qué pasos se tienen previstos. La jueza advirtió que mantendrá un registro formal del cumplimiento o la omisión de estas acciones por parte del gobierno federal.
Kilmar Ábrego, de 29 años, fue arrestado en marzo mientras se encontraba con su hijo en Maryland. Su expulsión, ocurrida a pesar de contar con un permiso de trabajo y protección legal otorgada en 2019, lo llevó a una prisión de alta seguridad en El Salvador. Esa cárcel, conocida por albergar a miembros de pandillas, representa un peligro inminente para él, según sus abogados, pues allí operan los mismos grupos que lo amenazaron en el pasado.
La deportación ha desatado cuestionamientos legales y humanitarios, no solo por haberse ejecutado de manera errónea, sino por las condiciones del lugar al que fue enviado. Pese a que funcionarios reconocieron que se trató de una «falla administrativa», aún no está claro si se están tomando medidas reales para corregirla. La jueza Xinis ha dejado en claro que no se conformará con respuestas evasivas y continuará exigiendo transparencia en un caso que podría marcar un precedente en materia de derechos migratorios.
