Washington D.C. – La administración del presidente Donald Trump presentó el lunes 7 de abril, una apelación urgente ante la Corte Suprema con el objetivo de frenar una orden judicial que exige el regreso a Estados Unidos de un ciudadano salvadoreño previamente deportado desde Maryland. La solicitud busca impedir que el gobierno federal tenga que repatriar a Kilmar Ábrego García, quien actualmente se encuentra detenido en una prisión de alta seguridad en El Salvador.
El Departamento de Justicia sostiene que la jueza federal Paula Xinis, con sede en Maryland, se excedió en sus facultades al ordenar el retorno de Ábrego García. En su solicitud ante el máximo tribunal, el gobierno argumentó que la orden judicial impone una obligación imposible de cumplir, ya que el individuo ya no se encuentra bajo la custodia del gobierno estadounidense ni está dentro del territorio nacional.
Según la administración, no existen mecanismos prácticos ni jurídicos disponibles que permitan ejecutar la repatriación del ciudadano salvadoreño. Aun así, la jueza Xinis fijó como fecha límite la medianoche del martes para que se facilite el retorno de Ábrego García, desatando una carrera contra el tiempo entre los abogados del gobierno y el sistema judicial.
El caso escaló rápidamente después de que la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, rechazara una solicitud de suspensión presentada por el gobierno. Esta negativa allanó el camino para que la administración recurriera directamente al Tribunal Supremo con un recurso de emergencia.
La situación ha generado atención nacional por tratarse de un conflicto inusual entre el poder judicial y el ejecutivo en materia de deportaciones. Aún se espera una decisión definitiva por parte de la Corte Suprema, la cual podría sentar un precedente relevante sobre los límites del poder judicial en los casos de remoción migratoria.
