Washington D.C. – La Casa Blanca ha dado un paso significativo verificación en las solicitudes de inmigración al anunciar que, a partir de 2025, millones de solicitantes deberán incluir sus identificadores de redes sociales en los formularios requeridos para obtener beneficios migratorios. Esta medida, impulsada por la Orden Ejecutiva 14161 firmada en enero de 2025, busca determinar posibles riesgos para la seguridad nacional y pública, según lo estipulado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El aviso publicado en el Registro Federal el 5 de marzo por el Departamento de Seguridad Nacional, detalla cómo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comenzará a recopilar datos de redes sociales, aunque sin acceder a contraseñas. Estos identificadores se usarán para verificar la identidad de los solicitantes y asegurar que no presenten amenazas a la seguridad o integridad del país. La medida afectará a más de 3.5 millones de personas anualmente que se presentan para obtener beneficios como la naturalización o permisos de trabajo.
El monitoreo de redes sociales no es un concepto nuevo dentro de los procedimientos migratorios. Desde 2016, USCIS ha utilizado las redes sociales para detectar fraudes y verificar información relacionada con visas y solicitudes de asilo, entre otras. Con la implementación de la nueva normativa en 2025, la recopilación de datos se formaliza y amplía, afectando a nueve tipos de formularios de inmigración, que incluyen desde solicitudes de visa hasta ajustes de estatus para refugiados.
La nueva medida también se enmarca dentro de una tendencia más amplia de vigilancia gubernamental en las redes sociales. Aunque las preocupaciones sobre la privacidad han sido constantes, DHS defiende estas acciones como una herramienta necesaria para la seguridad nacional. A medida que las plataformas digitales se expanden, las autoridades migratorias han intensificado su capacidad para acceder a las interacciones en línea de los solicitantes, un proceso que sigue siendo objeto de debate en cuanto a su alcance y posibles riesgos para la privacidad individual.
Finalmente, el cambio ha generado un debate sobre la cantidad de datos que el gobierno puede recopilar de los solicitantes y cómo manejará esta información. Las críticas apuntan a una posible invasión de la privacidad, mientras que los defensores argumentan que el monitoreo es esencial para prevenir el fraude y garantizar la seguridad pública. Los solicitantes tienen ahora 60 días para comentar sobre la propuesta, antes de que se determine si la norma será adoptada tal como está o si será modificada.
