Olympia, WA – El fiscal general Nick Brown anunció su participación en una coalición de 24 estados que presentó una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) y su secretario, Robert F. Kennedy, Jr. La demanda responde a la terminación repentina y sin explicación de $11 mil millones en subvenciones esenciales para la salud pública. Estas subvenciones financiaban programas estatales clave relacionados con enfermedades infecciosas, salud mental, abuso de sustancias y modernización de la infraestructura sanitaria.
De acuerdo con un comunicado de la oficina de Brow, las cancelaciones han generado caos en las agencias estatales de salud, que dependen de estos recursos para atender necesidades críticas. Washington, por ejemplo, perdería más de $159 millones, lo que ha llevado a la eliminación de iniciativas como las clínicas móviles Care-A-Van, que proporcionaban atención médica a comunidades vulnerables. Además, las organizaciones de salud conductual que atienden a personas de bajos ingresos sin Medicaid enfrentan graves riesgos debido a la pérdida de financiamiento.
El HHS justificó la cancelación de las subvenciones argumentando que la pandemia de COVID-19 había terminado y que los fondos ya no eran necesarios. Sin embargo, los estados demandantes sostienen que la financiación no estaba vinculada exclusivamente a la pandemia, sino a necesidades permanentes de salud pública. También alegan que la decisión del HHS viola la ley federal, ya que no se ha demostrado incumplimiento de los estados ni se ha seguido el debido proceso.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Rhode Island y solicita una orden de restricción temporal para revertir la cancelación de las subvenciones. La coalición argumenta que el HHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo y que sus acciones perjudican la capacidad de los estados para abordar crisis sanitarias actuales, como el aumento de enfermedades infecciosas y la creciente necesidad de servicios de salud mental y abuso de sustancias.
Entre los estados demandantes se encuentran Washington, California, Nueva York, Illinois y Colorado, con el liderazgo de varios fiscales generales y gobernadores. La coalición busca impedir que el HHS implemente o restablezca las cancelaciones de subvenciones, asegurando que los estados puedan seguir ofreciendo servicios esenciales a sus poblaciones.
