Tacoma, WA – Vanessa Osorio, viuda de José Manuel Sánchez Castro, ha emprendido recientemente, acciones legales contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en busca de respuestas sobre la muerte de José Manuel Sánchez, quien en vida era su esposo, mientras estaba bajo custodia federal. Con el respaldo del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste (NWIRP), Osorio presentó una demanda en un tribunal federal para exigir la entrega de documentos que detallen las circunstancias de la detención y fallecimiento de Sánchez en octubre de 2024.
Sánchez fue arrestado en su hogar en el este de Washington y trasladado al Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste (NWIPC) en Tacoma, operado por la empresa privada GEO Group. Cinco días después de su ingreso, murió en la unidad médica del centro tras experimentar severos síntomas de abstinencia. Según los abogados de la familia, los intentos de reanimación fueron en vano, lo que ha generado dudas sobre la atención médica que recibió en la instalación.
A través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), Osorio, junto con NWIRP y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, solicitó en enero acceso a documentos clave, incluyendo registros médicos, grabaciones de video y detalles de su autopsia. ICE tenía un plazo de 20 días hábiles para responder, con una extensión adicional de 10 días, pero hasta la fecha no ha proporcionado la información requerida, lo que llevó a la viuda a recurrir a los tribunales.
De acuerdo con KIRO 7, la denuncia argumenta que ICE y GEO Group podrían haber incumplido los protocolos federales de salud para detenidos, que exigen evaluaciones médicas al ingreso, seguimiento de síntomas de abstinencia y acceso a tratamiento adecuado. También señala que la negativa de ICE a divulgar los registros no solo vulnera la legislación vigente, sino que obstaculiza los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.
El caso de Sánchez ocurre en un contexto de hacinamiento creciente en las unidades de detención de inmigrantes durante la ofensiva migratoria de la administración Trump. Según abogados de detenidos, algunas instalaciones están tan abarrotadas que los arrestados viven en condiciones infrahumanas, con espacios ocupados por el doble o más de la cantidad permitida de personas. Por ejemplo, en un centro de detención en Miami, se alojó a 200 personas en una espacio diseñado para 85. Estas condiciones extremas incluyen días sin duchas, dormir en el suelo y carencia de elementos básicos de higiene, como cepillos y pasta de dientes.
La política migratoria de Trump, que busca deportar a millones de personas, ha llevado a un incremento de detenidos, superando la capacidad del sistema de detención, diseñado para albergar a 40,000 personas, mientras actualmente hay más de 46,000 detenidos. Este hacinamiento es solo una parte de un sistema que está bajo presión, lo que ha llevado a las autoridades a buscar más espacios de detención tanto en el país como en el extranjero. A pesar de estos esfuerzos, las condiciones en los centros de detención se siguen deteriorando, lo que afecta a los inmigrantes que permanecen en ellos.
