OLYMPIA, WA – El fiscal general de Washington, Nick Brown, se ha unido a un grupo de 12 fiscales generales en oposición a un cambio propuesto por la administración de Donald Trump que limitaría el acceso a pasaportes con marcadores de género que reflejen la identidad de las personas trans y no binarias. La medida ha sido denunciada como un retroceso en los derechos de identidad de género y un posible conflicto legal con las leyes estatales.
El Departamento de Estado de EE.UU., siguiendo una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, ha propuesto modificar los formularios de pasaporte para que solo incluyan las opciones de sexo masculino y femenino, impidiendo que las personas trans y no binarias obtengan documentos que reflejen su identidad.
Brown y los demás fiscales generales argumentan que esta medida es discriminatoria, innecesaria y podría causar problemas legales y administrativos.
Un obstáculo en la vida diaria de las personas trans
Para organizaciones que trabajan con la comunidad LGBTQ+ en Washington, como Entre Hermanos, esta medida representa un obstáculo significativo en la vida de las personas trans.
Ghaddra González, consultora de Relaciones Públicas y Desarrollo, advirtió que la imposibilidad de acceder a una identidad legal que refleje su realidad afectará todos los aspectos de su vida, desde el empleo y la vivienda hasta la atención médica y los trámites legales.
“Sin documentos que coincidan con su identidad de género, enfrentan discriminación y quedan en una situación de vulnerabilidad constante”, afirmó González.
Además, señaló el impacto en la salud mental, pues la negación del reconocimiento legal de la identidad de género aumenta los niveles de estrés, ansiedad y depresión, reforzando la exclusión social y la falta de apoyo institucional.
“Esta medida también representaría un retroceso en los avances por el reconocimiento y la igualdad de derechos de las personas LGBTQ+, contradiciendo estándares internacionales de derechos humanos”, agregó.
Caso de Schafer: el impacto de la nueva política
Uno de los primeros ejemplos del efecto de esta orden ejecutiva es el caso de Schafer, una persona trans que denunció en un video que su nuevo pasaporte, obtenido después de que el anterior fuera robado, ahora la identifica como “M” (masculino) en lugar de “F” (femenino).
Schafer cree que este cambio es consecuencia directa de la orden de Trump, que obliga al gobierno federal a reconocer únicamente el sexo asignado al nacer en documentos oficiales.
En el video, Schafer expresó su sorpresa y decepción, explicando que nunca había modificado su certificado de nacimiento y que esta modificación en su pasaporte hace su vida “un poco más difícil”.
A pesar del cambio impuesto, Schafer reafirmó su identidad con un mensaje contundente:
“Nunca dejaré de ser trans. Una letra en un pasaporte no puede cambiar eso. Las personas trans somos hermosas y nunca dejaremos de existir”.
Impacto en Washington y otros estados
Washington es uno de los 16 estados que permiten a las personas trans y no binarias modificar el género en certificados de nacimiento, licencias de conducir e identificaciones estatales. Sin embargo, si la política federal entra en vigor, podría generar conflictos entre documentos estatales y federales, dificultando el acceso de las personas trans a servicios gubernamentales, empleos y viajes internacionales.
“Esta regla no solo es cruel, sino que también crea un caos burocrático innecesario para las agencias estatales y los propios ciudadanos”, afirmó el fiscal general Nick Brown en un comunicado.
Los fiscales generales argumentan que la orden ejecutiva de Trump también revierte una norma de 2022 que permitía a las personas que solicitaban pasaportes estadounidenses elegir la opción “X” para marcar su género, en lugar de limitarse a masculino o femenino.
Reacciones y desafíos legales
Desde la Casa Blanca, la administración Trump ha defendido la medida como un intento de “restaurar la precisión biológica en documentos oficiales”, mientras que críticos han señalado que esta política forma parte de un ataque más amplio contra los derechos de las personas LGBTQ+.
El Departamento de Estado deberá revisar los comentarios enviados por los fiscales generales y otros grupos antes de tomar una decisión final. Mientras tanto, en Washington y otros estados progresistas, funcionarios han señalado que están preparados para emprender acciones legales si la administración Trump sigue adelante con la medida.
“No permitiremos que el gobierno federal borre la existencia de nuestros ciudadanos,” concluyó Brown. “Estamos listos para luchar por la igualdad de derechos en cada paso del camino.”
