Olympia, WA – Washington y otros 20 estados entablaron una demanda para impedir que la administración Trump destruya el Departamento de Educación de Estados Unidos. El fiscal general de Washington, Nick Brown, calificó la medida como ilegal y advirtió que la eliminación de esta agencia federal afectaría gravemente el acceso a una educación de calidad para millones de estudiantes en todo el país. Brown señaló que la decisión privaría a los estudiantes de oportunidades de aprendizaje y recursos esenciales, afectando de manera desproporcionada a las familias con menos recursos.
El 11 de marzo, la administración Trump anunció un plan para despedir a aproximadamente el 50% de los empleados del Departamento de Educación como parte de una estrategia para cerrar completamente la agencia. La administración argumentó que la medida busca reducir el gasto y mejorar la eficiencia gubernamental. Sin embargo, la demanda sostiene que estos despidos carecen de una justificación clara y no están basados en decisiones estratégicas específicas para eliminar gastos innecesarios.
De acuerdo con la demanda, el cierre del Departamento de Educación impactaría directamente a estudiantes con discapacidad y familias de bajos ingresos. Los fondos federales para la educación especial cubren tecnología de asistencia, salarios y beneficios de maestros, transporte, servicios de fisioterapia y terapia del lenguaje, además de trabajadores sociales que apoyan la experiencia educativa de los estudiantes. También están en riesgo los programas diseñados para ayudar a las escuelas en comunidades rurales, que suelen enfrentar dificultades para obtener financiamiento.
De acuerdo con el comunicado de la oficina de Brown, el cierre también afectaría la Oficina de Derechos Civiles del departamento, que se encarga de proteger a los estudiantes de la discriminación y la agresión sexual. Además, los recortes dificultarían el procesamiento de ayudas financieras, lo que incrementaría los costos para millones de estudiantes universitarios y complicaría el acceso a préstamos, becas Pell y programas de estudio y trabajo.
La coalición de estados busca una orden judicial para bloquear el cierre, argumentando que el poder ejecutivo no tiene la autoridad para desmantelar unilateralmente el Departamento de Educación sin la aprobación del Congreso. La demanda fue presentada en Massachusetts y cuenta con el respaldo de los fiscales generales de Washington, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Wisconsin, Vermont y el Distrito de Columbia.
