Washington D.C. – La administración Trump presentó una serie de apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema el jueves, solicitando autorización para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. La administración argumentó que los tribunales inferiores han excedido su autoridad al bloquear la orden ejecutiva de Trump mediante órdenes judiciales de alcance nacional, y pidió que se limite el impacto de esas decisiones mientras se resuelve el litigio.
Una de las apelaciones clave busca que, mientras se desarrolla el proceso judicial, se niegue la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos después del 19 de febrero de padres sin estatus legal. Además, la orden prohibiría a las agencias federales emitir documentos o aceptar registros estatales que reconozcan la ciudadanía de esos bebés. En enero, un juez federal bloqueó la implementación de la orden, calificándola de «claramente inconstitucional». Posteriormente, un juez de Maryland declaró que la medida «contradice los 250 años de historia de ciudadanía por nacimiento de nuestra nación».
El derecho de ciudadanía por nacimiento está protegido por la Decimocuarta Enmienda, la cual ha sido interpretada consistentemente durante más de 150 años para garantizar la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres. En 1898, la Corte Suprema reafirmó esta interpretación en un fallo histórico que sigue siendo la base legal para la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, algunos sectores conservadores argumentan que la cláusula «sujeta a la jurisdicción» limita este derecho únicamente a los ciudadanos o personas con estatus legal en Estados Unidos.
Los tribunales de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington han bloqueado la implementación de la orden ejecutiva de Trump en respuesta a demandas presentadas por más de 20 estados, dos grupos de derechos de inmigrantes y siete demandantes individuales. Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, declaró que la orden es «ilegal y cruel» y que seguirán luchando para evitar que prive de la ciudadanía a los niños nacidos en el país. La administración Trump argumenta que estas órdenes judiciales, con poder a nivel nacional, son excesivas y ha solicitado a la Corte Suprema que limite su alcance.
El Departamento de Justicia ha solicitado además que, como respaldo, la Corte Suprema permita a la administración emitir una guía sobre cómo implementar la política mientras el litigio continúa. El gobierno sostiene que la interpretación de la ciudadanía por nacimiento ha incentivado la inmigración ilegal y que la orden ejecutiva de Trump busca corregir esa interpretación. Se espera que la Corte Suprema establezca un cronograma para que las partes involucradas respondan rápidamente a las apelaciones de la administración.
