Olympia, WA – La empresa de joyería Paparazzi, con sede en Utah, ha acordado pagar 1,9 millones de dólares y modificar sus prácticas comerciales en el estado de Washington, tras una investigación de la fiscalía general sobre su modelo de negocio. Como parte del acuerdo, el fiscal general Nick Brown enviará cheques por un promedio de 180 dólares a 7.100 personas en el estado que participaron en la venta de productos de la empresa.
De acuerdo con un comunicado emitido el martes 4 de marzo por la oficina del fiscal general, la investigación concluyó que Paparazzi operaba bajo un esquema piramidal, perjudicando a numerosos vendedores independientes. Según Brown, la empresa promovía oportunidades de inversión con beneficios que resultaban poco realistas. Como parte de la resolución, los vendedores podrán devolver cualquier mercancía no vendida adquirida después de enero de 2017 y recibir un reembolso completo.
Our office’s investigation ended a jewelry manufacturer’s pyramid scheme in Washington. As a result of our work, Paparazzi will send more than $1.9 million to 7,000 Washingtonians who sold its jewelry and reform company sales practices.
— Attorney General Nick Brown (@AGOWA) March 5, 2025
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El acuerdo también exige mayor transparencia en la publicidad de Paparazzi y establece un proceso de reembolso para clientes que compraron joyería con metales pesados como plomo y níquel. La empresa había promocionado ciertos productos como libres de estos elementos, pero pruebas internas demostraron lo contrario, afectando incluso a productos dirigidos a niños y jóvenes.
Además de reformar su programa de ventas, la empresa deberá proporcionar información clara sobre los ingresos reales que los vendedores pueden esperar. La División de Protección al Consumidor, financiada con fondos recuperados de empresas que violan la ley, continuará supervisando el cumplimiento del acuerdo. Parte del dinero recuperado se destinará al Fondo Operativo de Justicia Civil, que financia diversas divisiones de protección al consumidor y regulación comercial.
El caso fue llevado por un equipo de fiscales generales adjuntos y asistentes jurídicos de Washington, quienes trabajan en defensa de los derechos de los consumidores. La oficina del fiscal general indicó que recibe entre 25.000 y 30.000 quejas anuales, logrando recuperar más de 10 millones de dólares para los afectados.
