Suprema corte del estado de Washington
Foto: Suprema corte del estado de Washington

Departamento de Niños, Jóvenes y Familias deberá pagar por negligencia

Después de casi una década de litigio, un jurado en Seattle determinó que el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) de Washington retiró de manera indebida a un niño con autismo de su hogar. La sentencia, que ascendió a 7 millones de dólares, compensa a la familia por los daños causados, en un caso que subraya la importancia de la protección infantil adecuada y el impacto de las acusaciones infundadas. La demanda federal alegó que el niño, identificado como JL en los documentos judiciales, fue colocado en múltiples hogares temporales debido a acusaciones infundadas de negligencia parental, lo que resultó en un daño prolongado para él y su familia.

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Origen del caso y acusaciones infundadas

El caso se originó en 2012, cuando la familia, poco después del diagnóstico de autismo del niño, buscó atención médica para una serie de problemas alimentarios y gastrointestinales. De acuerdo con un artículo del Seattle Times, el estado utilizó información médica incompleta para inculpar a la madre por negligencia, acusándola de no alimentarlo. Posteriormente, retiró al niño, de apenas 3 años, de su hogar, colocándolo en el sistema de cuidado temporal (Foster Care). En 2014, la Fiscalía del Condado King presentó cargos contra la madre, pero fueron retirados tras una revisión exhaustiva de los registros médicos que ya estaban disponibles en el momento de la separación del niño. Este retiro indebido generó una serie de problemas para la familia.

Falta de investigación adecuada y consecuencias para el niño

Los abogados de la familia argumentaron que el DCYF no realizó una investigación adecuada y emitió una evaluación con información incorrecta y declaraciones falsas. A pesar de contar con evidencia médica que desmentía las acusaciones, el estado continuó responsabilizando a la madre y tardó un año en revisar los registros médicos del niño. Durante este tiempo, JL sufrió un retroceso significativo en su desarrollo y presentó problemas emocionales acentuados por su diagnóstico de autismo, según los testimonios de sus médicos. La dilación en la revisión de la información médica fue un punto clave en el juicio. Para más información sobre el DCYF y sus políticas, puede visitar el sitio web oficial del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Washington (DCYF).

Veredicto del jurado y reconocimiento del daño

El juicio se llevó a cabo en el Distrito Occidente de Washington, en Seattle, bajo la supervisión del juez James Robart. Tras los alegatos finales presentados el lunes 24 de febrero, el jurado emitió su veredicto al día siguiente, concluyendo que el estado no cumplió con su deber de proteger a JL y a su familia. Los abogados de la familia destacaron que el fallo representa un reconocimiento del daño causado y una compensación por los años de sufrimiento de JL y sus padres. Este veredicto es un precedente importante para casos de negligencia institucional y derechos de la familia. Para conocer más sobre los derechos de los niños y las familias, el sitio web de la American Bar Association (ABA) ofrece recursos valiosos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF)?

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) es una agencia gubernamental encargada de la protección infantil, el bienestar de los jóvenes y la prestación de servicios a las familias en el estado de Washington.

¿Por qué la familia recibió 7 millones de dólares de compensación?

La compensación de 7 millones de dólares fue otorgada a la familia debido a que un jurado determinó que el DCYF retiró de manera indebida a su hijo con autismo de su hogar, basándose en acusaciones infundadas de negligencia parental, lo que causó un daño significativo y prolongado al niño y a su familia.

¿Qué impacto tiene este veredicto para casos futuros de protección infantil?

Este veredicto sienta un precedente importante al reconocer el daño causado por la negligencia institucional en casos de protección infantil y subraya la necesidad de investigaciones adecuadas y el respeto por los derechos de las familias, especialmente cuando se trata de niños con necesidades especiales como el autismo.

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