Olympia, WA – Un nuevo proyecto de ley en el estado de Washington podría restringir la participación de los agentes de recuperación de fianzas, conocidos como cazarrecompensas, en la aplicación de leyes de inmigración civil. La iniciativa, presentada el martes 18 de febrero, por la senadora Yasmin Trudeau, busca evitar que estos agentes trabajen en cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De ser aprobada, esta medida clasificaría la colaboración de cazarrecompensas con ICE como «conducta poco profesional», lo que podría conllevar sanciones, multas o la revocación de licencias.
La propuesta surge tras informes de que un agente de fianzas en Tacoma presuntamente afirmó seguir colaborando con ICE, a pesar de las políticas estatales que buscan limitar dicha cooperación. Aunque se aclaró que el individuo no estaba autorizado, el incidente generó preocupaciones entre legisladores y organizaciones de derechos de los inmigrantes. Según los defensores del proyecto, la aplicación de leyes de inmigración debe permanecer en manos de autoridades federales, y la intervención de agentes privados podría generar temor y desconfianza en el sistema de justicia.
Además de impedir que los cazarrecompensas participen en operativos migratorios, la legislación busca prohibir que estos agentes compartan el estatus migratorio de los acusados. Esta medida tiene como objetivo evitar que personas detenidas por otros motivos enfrenten procedimientos migratorios debido a la intervención de contratistas privados. Organizaciones de derechos civiles han respaldado la propuesta, argumentando que garantizaría un acceso justo a la justicia sin temor a repercusiones migratorias.
Mientras Washington avanza en esta regulación, otros estados están tomando un rumbo opuesto. Legisladores en Mississippi y Missouri han impulsado iniciativas para permitir que los cazarrecompensas participen activamente en la detención de inmigrantes indocumentados. En Mississippi, incluso se propuso ofrecer recompensas económicas por la captura de indocumentados, aunque la medida no logró avanzar antes de la fecha límite legislativa.
El debate en Washington continuará en los próximos días, con una votación programada para el jueves 20 de febrero. La senadora Trudeau ha enfatizado que el estado seguirá protegiendo sus políticas locales y evitará que contratistas privados interfieran en asuntos migratorios. La decisión final sobre el proyecto de ley podría marcar un precedente en la regulación de la relación entre el sistema de fianzas y la aplicación de leyes de inmigración en el estado.
