
Olympia, WA – El fiscal general de Washington, Nick Brown, anunció el jueves 13 de febrero que el estado se sumó a una demanda presentada por 14 estados contra el gobierno de Donald Trump. La demanda, liderada por Nuevo México, Arizona y Michigan, acusa a la administración de transferir poder ejecutivo de manera inconstitucional a Elon Musk, dándole control sobre agencias federales sin supervisión del Congreso.
De acuerdo con un comunicado de la oficina del fiscal general del estado de Washington, la demanda sostiene que Trump ha violado la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de EE. UU. al permitir que Musk actúe sin haber sido electo ni confirmado por el Senado. Según el texto legal, el empresario ha cerrado agencias, despedido funcionarios y accedido a información confidencial sin controles adecuados. «Los habitantes de Washington no permanecerán indiferentes mientras su seguridad y libertades son amenazadas», afirmó Brown.
El llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk ha sido señalado por desmantelar organismos clave, como la USAID, afectando recursos esenciales para la agricultura y la salud pública. Además, ha amenazado con eliminar el Departamento de Educación, lo que comprometería 2.500 millones de dólares destinados a programas de educación especial, almuerzos escolares y apoyo académico en Washington.
Los estados demandantes advierten que la injerencia de Musk pone en riesgo miles de millones de dólares en fondos federales, afectando áreas críticas como seguridad pública, salud y educación. También alertan sobre la posible exposición de datos financieros y bancarios estatales, aumentando el riesgo de ciberataques y vulneraciones de seguridad.
Ante esta situación, los estados buscan un fallo judicial que declare inconstitucional la intervención de Musk en el gobierno federal y le impida emitir órdenes adicionales. El proceso legal continuará en los próximos meses, mientras los estados afectados intentan frenar lo que consideran un peligroso precedente de concentración de poder sin supervisión democrática.